By La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí mantiene acciones para atender las deficiencias señaladas en los centros penitenciarios del estado, luego de que cuatro de los cinco reclusorios evaluados obtuvieran bajas calificaciones en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025. El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, sostuvo que los resultados corresponden a las condiciones registradas durante el año pasado y afirmó que desde entonces se han realizado mejoras en las instalaciones. Entre los principales desafíos identificados se encuentra la sobrepoblación, que representa una presión adicional para la operación de los establecimientos. Las autoridades estatales aseguran que continúan trabajando para fortalecer las condiciones de internamiento y atender los señalamientos relacionados con el funcionamiento de las cárceles. El objetivo planteado es avanzar en materia de seguridad, atención y respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
El diagnóstico elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos colocó al sistema penitenciario potosino en semáforo rojo, situación que evidenció áreas que requieren atención dentro de los centros de reclusión. Frente a estos resultados, el responsable de la SSPC señaló que la evaluación no refleja necesariamente las condiciones actuales, debido a que fue realizada con información correspondiente a 2025. No obstante, reconoció que existe sobrepoblación en los cinco establecimientos penitenciarios de la entidad, circunstancia que complica la atención de las necesidades de la población interna. El funcionario también sostuvo que San Luis Potosí registra una cantidad relativamente baja de personas privadas de la libertad en comparación con otras entidades, aunque admitió que el número de internos supera la capacidad disponible en los penales estatales. Esta situación mantiene el desafío de mejorar la infraestructura y los servicios penitenciarios.
Uno de los avances mencionados por las autoridades se encuentra en el centro penitenciario femenil de Xolol, ubicado en el municipio de Tancanhuitz, donde se desarrolla un proceso de certificación ante la Asociación Americana de Correccionales. De acuerdo con el titular de la dependencia, las instalaciones recibieron una supervisión en la que participaron evaluadores mexicanos y estadounidenses. El funcionario afirmó que el centro cumplió con el 100 por ciento de los estándares revisados durante esa etapa, los cuales superan el centenar de criterios. Los parámetros contemplan aspectos relacionados con la operación de las instalaciones, la profesionalización del personal, el respeto a los derechos humanos y el seguimiento de los expedientes de las internas. Sin embargo, el procedimiento todavía requiere una etapa adicional para determinar si se concede formalmente la certificación internacional.
Para llevar a cabo parte de las mejoras, el sistema penitenciario estatal ha contado con recursos provenientes del denominado socorro de ley, mecanismo mediante el cual la Federación aporta fondos para atender a personas procesadas o sentenciadas por delitos del fuero federal que permanecen en instalaciones estatales. Según la información proporcionada por las autoridades, durante 2025 San Luis Potosí recibió más de 10 millones de pesos por este concepto, además de otros recursos superiores a los dos millones de pesos destinados a los centros penitenciarios. Estos fondos contribuyen a cubrir necesidades relacionadas con la atención de la población interna y el funcionamiento de las instalaciones. La disponibilidad de recursos representa uno de los elementos para impulsar mejoras operativas, aunque la atención de las deficiencias también requiere seguimiento continuo, planeación y evaluación de los resultados obtenidos.
La sobrepoblación continúa como uno de los asuntos centrales para el sistema penitenciario potosino, que alberga a más de cuatro mil personas privadas de la libertad, de acuerdo con las cifras mencionadas por el titular de la SSPC. El crecimiento de la población interna incrementa las necesidades de alimentación, atención médica, seguridad, espacios adecuados y personal capacitado. Estas condiciones también pueden influir en la capacidad de las autoridades para garantizar una estancia digna y desarrollar actividades de reinserción social. Aunque la dependencia afirma que se han implementado medidas para mejorar las instalaciones, la evaluación de la CNDH mantiene relevancia como referencia sobre las áreas que requieren atención. El reto consiste en que los cambios anunciados se traduzcan en mejoras verificables y sostenidas para las personas que permanecen en los centros de reclusión del estado.
Las autoridades estatales sostienen que los trabajos recientes buscan fortalecer la operación de los penales y avanzar en el cumplimiento de los estándares de seguridad y derechos humanos. El proceso de certificación del centro femenil de Tancanhuitz constituye uno de los ejemplos presentados por la dependencia para mostrar los cambios realizados desde la evaluación correspondiente a 2025. Sin embargo, la sobrepoblación reconocida por el propio titular y las bajas calificaciones obtenidas por cuatro de los cinco establecimientos muestran que persisten desafíos para el sistema penitenciario. La atención de estas condiciones requiere mantener la vigilancia institucional, revisar las necesidades de infraestructura y garantizar que los recursos se utilicen para mejorar los servicios disponibles. El seguimiento de las recomendaciones y la evaluación de los avances permitirán conocer si las acciones implementadas producen resultados concretos en las condiciones de internamiento de San Luis Potosí.
