By Personas jubiladas y pensionadas del Poder Judicial de San Luis Potosí se manifestaron para exigir que sus pensiones sean actualizadas con el incremento salarial del 3.5 por ciento autorizado para trabajadores del Gobierno del Estado. La movilización se realizó en las instalaciones de la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, donde los inconformes solicitaron una respuesta sobre la aplicación del ajuste y el pago de las cantidades retroactivas correspondientes. Integrantes de la Primera Gran Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Judicial señalaron que el aumento ya fue aplicado al personal en activo, mientras que sus percepciones continúan sin reflejar la actualización solicitada. La protesta busca que las autoridades judiciales atiendan sus planteamientos y establezcan una solución administrativa. Los manifestantes advirtieron que mantendrán sus acciones hasta obtener una respuesta concreta sobre sus demandas económicas.
La presidenta de la asociación, Ana Luisa Morales Lara, explicó que los jubilados solicitaron formalmente una reunión con las autoridades judiciales desde el 1 de octubre, con la intención de establecer una mesa de diálogo. Sin embargo, de acuerdo con la representante, habían transcurrido alrededor de 28 días sin que recibieran una respuesta favorable a su petición. La falta de comunicación, señalaron los inconformes, ha prolongado la incertidumbre sobre la regularización de sus ingresos. Por ello, acudieron a las instalaciones judiciales para solicitar la intervención de quienes integran el Órgano de Administración Judicial. Los jubilados consideran necesario que se les informe sobre el procedimiento que debe seguirse para aplicar el incremento. Hasta la fecha de las manifestaciones, no se había difundido una respuesta oficial que precisara cuándo podría concretarse el ajuste.
El incremento que reclaman corresponde al 3.5 por ciento directo al salario, autorizado desde el 10 de agosto para trabajadores del Gobierno estatal, según la información expuesta por los representantes de los jubilados. La inconformidad radica en que el ajuste no se ha reflejado en las pensiones de quienes trabajaron en el Poder Judicial. Los manifestantes sostienen que sus ingresos deben actualizarse en correspondencia con los aumentos que reciben los trabajadores en activo, conforme al esquema de movilidad de las pensiones que invocan. Además del ajuste porcentual, solicitan el pago de los retroactivos que, de acuerdo con sus planteamientos, les corresponden desde la fecha aplicable. La asociación considera que la regularización debe resolverse mediante los procedimientos administrativos necesarios para actualizar los registros salariales y pensionarios.
Entre los trámites que los inconformes consideran necesarios se encuentran la actualización de los tabuladores generales de sueldos, su publicación en el Periódico Oficial del Estado y la notificación correspondiente a la Dirección de Pensiones del Gobierno estatal. Según explicaron, estos pasos permitirían formalizar el ajuste y facilitar que se refleje en los pagos de las personas jubiladas. La asociación también ha rechazado que la falta de presupuesto sea una explicación suficiente para mantener pendiente la actualización, pues sus integrantes afirman que el incremento ya fue autorizado. No obstante, la aplicación del ajuste requiere que las autoridades competentes aclaren el procedimiento administrativo y los tiempos previstos para su cumplimiento. La definición de estos aspectos será importante para determinar cuándo podría reflejarse el aumento en las pensiones y cómo se cubrirían los pagos retroactivos reclamados.
Los manifestantes hicieron un llamado a la consejera presidenta del Órgano de Administración Judicial, Mónica Lárraga Sáinz, así como a la consejera Berenice de la Rosa Reynoso y al consejero José Alfredo Salazar Hernández, para que atiendan sus solicitudes. La asociación considera que es necesario abrir un espacio de diálogo que permita revisar la situación de las pensiones y establecer compromisos para resolver el retraso. Sus integrantes también señalaron que la falta de información dificulta conocer el estado de los trámites y las razones por las que el incremento no se ha aplicado. Ante esta situación, anunciaron que continuarán con las movilizaciones y los plantones, además de valorar acciones legales para exigir el cumplimiento de sus demandas. La organización busca que las autoridades establezcan una ruta clara para atender tanto el ajuste salarial como las cantidades retroactivas.
La protesta de los jubilados del Poder Judicial vuelve a colocar sobre la mesa la actualización de las pensiones y la comunicación entre los trabajadores retirados y las autoridades responsables de su administración. El punto central de la inconformidad es que el incremento del 3.5 por ciento autorizado para el personal del Gobierno estatal todavía no se ha reflejado en los ingresos de quienes integran este grupo de pensionados, de acuerdo con sus representantes. La asociación sostiene que mantendrá sus acciones hasta que se cubran las cantidades que reclama y se informe sobre el procedimiento para regularizar los pagos. Por ahora, la fecha de aplicación del aumento y la entrega de los retroactivos continúan pendientes de una respuesta oficial. El desarrollo del caso dependerá de las determinaciones administrativas que adopten las instancias judiciales correspondientes.
