By Una iniciativa ciudadana que plantea destinar 2 mil 797 millones 883 mil pesos al transporte público de San Luis Potosí durante 2027 será analizada por tres comisiones del Congreso del Estado, antes de determinar si existen condiciones para incorporarla al presupuesto del próximo año. La propuesta busca establecer un programa de fortalecimiento y apoyo al usuario del transporte público en la zona metropolitana, con recursos dirigidos a mejorar las condiciones del servicio y renovar las unidades que actualmente se encuentran en circulación. El planteamiento fue turnado a las comisiones de Hacienda del Estado; Movilidad, Comunicaciones y Transportes; y Desarrollo Económico y Social. Los legisladores deberán revisar sus alcances, los beneficios esperados y el impacto que tendría sobre las finanzas públicas. Por ahora, la cantidad solicitada no representa un recurso aprobado, sino una propuesta que deberá superar el análisis técnico y presupuestal correspondiente.
Entre los principales objetivos del proyecto se encuentra la renovación de 768 unidades del transporte urbano, con la intención de sustituir vehículos y mejorar las condiciones en las que se realizan los traslados diarios de miles de personas. Los promotores consideran que la antigüedad de parte de la flotilla y los gastos necesarios para mantenerla en operación dificultan el cumplimiento de las obligaciones establecidas para el sector. La iniciativa contempla una inversión aproximada de 2 mil 304 millones de pesos para adquirir unidades nuevas, calculando un costo de tres millones de pesos por vehículo. La modernización de la flotilla buscaría atender las necesidades operativas del servicio y mejorar aspectos relacionados con la seguridad y la calidad de los recorridos. Sin embargo, la ejecución de esta propuesta dependerá de la disponibilidad presupuestal y de las condiciones que establezcan las autoridades en caso de que llegue a aprobarse.
El planteamiento también contempla recursos para atender los gastos de operación de los concesionarios, así como otros conceptos financieros relacionados con la actividad del transporte urbano. Entre los montos incluidos se encuentran aproximadamente 45.9 millones de pesos para cubrir el déficit operativo calculado por los promoventes, 173.4 millones para considerar un margen de utilidad del 15 por ciento y 274.6 millones para amortizar pérdidas que atribuyen al periodo de la pandemia. Estos conceptos forman parte del cálculo presentado para justificar la cantidad total solicitada. La propuesta sostiene que el aumento en los costos de combustible, refacciones, mantenimiento y renovación vehicular ha complicado la operación del servicio. No obstante, corresponde a las comisiones legislativas examinar los cálculos, verificar su sustento y determinar si los conceptos planteados cumplen con los criterios de responsabilidad financiera y beneficio público.
El diputado Luis Emilio Rosas Montiel, vicepresidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes, señaló que será necesario conocer primero el análisis de viabilidad financiera que realice la Comisión de Hacienda del Estado. El legislador indicó que las necesidades del transporte público deben atenderse, pero también es indispensable evaluar cuánto costaría implementar el programa y cuáles serían sus implicaciones para el presupuesto estatal. Asimismo, destacó la importancia de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con la antigüedad de las unidades, que no deben superar los diez años de servicio. Los concesionarios han señalado dificultades económicas para cumplir con esta obligación, por lo que el debate también incluirá las condiciones reales en las que opera el sector. La revisión legislativa deberá considerar tanto las exigencias normativas como la capacidad financiera de los prestadores del servicio.
Además de la sustitución de autobuses, la iniciativa plantea fortalecer la capacitación de los operadores y modernizar distintos aspectos de la prestación del servicio. Entre las áreas que podrían recibir atención se encuentran la incorporación de tecnología, los mecanismos de seguridad, la accesibilidad para personas con discapacidad y la mejora de las condiciones operativas de las rutas. Estas acciones buscan que el eventual respaldo económico no se limite a la compra de vehículos, sino que también contribuya a elevar la calidad de los traslados. La propuesta deberá analizarse bajo criterios que permitan establecer reglas claras para la asignación de los recursos, la comprobación de los gastos y la evaluación de los resultados. De esta manera, los apoyos que eventualmente pudieran autorizarse tendrían que vincularse con obligaciones concretas para los concesionarios y con mejoras verificables para los usuarios.
La discusión sobre los casi 2 mil 800 millones de pesos solicitados abre un proceso de revisión en el que deberán equilibrarse las necesidades de modernización del transporte público y el uso responsable del dinero público. Las tres comisiones legislativas tendrán que estudiar la viabilidad de la iniciativa antes de que pueda avanzar hacia una eventual aprobación presupuestal para 2027. También será relevante determinar qué mecanismos de supervisión se aplicarían y cómo se garantizaría que los recursos se traduzcan en unidades renovadas y un servicio más seguro, accesible y eficiente. Mientras tanto, la propuesta permanece en etapa de análisis y no existe una autorización definitiva del monto solicitado. El resultado de las evaluaciones permitirá conocer si el programa puede concretarse, qué ajustes serían necesarios y bajo qué condiciones podría contribuir a mejorar la movilidad en la zona metropolitana de San Luis Potosí.
