By El Congreso del Estado de San Luis Potosí analizará una iniciativa presentada por concesionarios del transporte público urbano que busca incorporar al Presupuesto de Egresos de 2027 una partida de aproximadamente 2 mil 797 millones de pesos para fortalecer el servicio. La propuesta plantea crear un programa de apoyo dirigido al transporte público del área metropolitana, con el objetivo de mejorar las condiciones operativas y facilitar la renovación de las unidades. El presidente de la Directiva del Poder Legislativo, Luis Fernando Gámez Macías, señaló que el planteamiento será revisado en las comisiones correspondientes, donde se evaluará su viabilidad y los posibles beneficios para la población usuaria.
La iniciativa surge ante las dificultades económicas que, según los representantes del sector, enfrenta el transporte urbano desde la pandemia de COVID-19. Los concesionarios han señalado que el incremento en los costos de combustibles, refacciones, mantenimiento y otros gastos operativos ha complicado la prestación del servicio y la renovación de los vehículos. Por ello, consideran necesario establecer un mecanismo de respaldo financiero que permita atender los rezagos acumulados y mejorar las condiciones de operación. El planteamiento busca que los recursos públicos contribuyan a fortalecer el sistema sin dejar de lado las necesidades de quienes utilizan diariamente los autobuses para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas y otras actividades.
Entre los objetivos de la propuesta se encuentra financiar la renovación de unidades del transporte público metropolitano, con la finalidad de sustituir vehículos que presentan varios años de servicio. El proyecto contempla recursos para modernizar la flotilla y atender necesidades operativas del sector, además de impulsar mejoras que permitan ofrecer traslados más seguros y eficientes. Los concesionarios sostienen que la falta de capacidad financiera ha dificultado cumplir con las obligaciones de actualización vehicular. Sin embargo, el monto solicitado deberá someterse a una revisión técnica y presupuestal para determinar si es viable y qué condiciones tendrían que establecerse para el uso de los recursos.
El diputado Luis Fernando Gámez Macías indicó que el análisis deberá considerar las necesidades del transporte, pero también la situación económica de las familias potosinas. Señaló que el servicio debe ser seguro, eficiente, moderno y amigable con el medio ambiente, además de responder a las condiciones que establece la legislación. También manifestó que no deben impulsarse medidas que incrementen la carga económica de los usuarios, quienes dependen del transporte público para sus actividades cotidianas. En ese sentido, la revisión legislativa deberá valorar alternativas que permitan mejorar la calidad del servicio sin trasladar automáticamente los costos a los pasajeros mediante aumentos en las tarifas.
La propuesta será revisada por las comisiones legislativas competentes, que deberán analizar los alcances del programa, las necesidades del sector y la disponibilidad de recursos públicos. Durante este proceso también será importante determinar los mecanismos de supervisión, los criterios para asignar los apoyos y las condiciones que tendrían que cumplir los concesionarios para acceder a ellos. La transparencia en el manejo del presupuesto y la evaluación de resultados serán aspectos relevantes para garantizar que cualquier respaldo económico se traduzca en mejoras concretas para los usuarios. Asimismo, las autoridades deberán considerar el cumplimiento de las disposiciones sobre antigüedad de las unidades, capacitación de los operadores y condiciones de seguridad durante los recorridos.
La discusión sobre la iniciativa abre un nuevo capítulo en el análisis del transporte público de San Luis Potosí, un servicio fundamental para miles de personas que se desplazan diariamente en la zona metropolitana. La solicitud de casi 2 mil 800 millones de pesos todavía deberá superar las evaluaciones legislativas y presupuestales antes de que pueda determinarse si será incorporada al gasto estatal de 2027. Mientras tanto, el Congreso deberá equilibrar las necesidades de modernización del sector con la protección de la economía familiar y el uso responsable de los recursos públicos. La decisión final permitirá conocer si se establece un esquema de apoyo para renovar unidades y mejorar el servicio, así como las condiciones que regirían su aplicación.
