By El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una reforma al Código Civil que modifica los plazos para declarar judicialmente la presunción de muerte de personas desaparecidas, con el propósito de brindar mayor certeza jurídica a sus familiares. La modificación al artículo 651 establece distintos periodos de espera según las circunstancias en las que ocurrió la desaparición. La medida busca facilitar la resolución de asuntos legales y patrimoniales que permanecen pendientes cuando se desconoce el paradero de una persona durante un tiempo prolongado. Con esta decisión, se pretende que las familias puedan realizar determinados trámites sin enfrentar esperas excesivas, mediante los procedimientos judiciales correspondientes y conforme a los supuestos previstos en la legislación.
Con la reforma aprobada por el Congreso, el plazo general para declarar la presunción de muerte será de tres años después de que se haya declarado formalmente la ausencia de una persona. Sin embargo, la legislación contempla periodos diferentes cuando la desaparición ocurre en circunstancias extraordinarias. En casos relacionados con una guerra, un naufragio, una inundación u otro siniestro semejante, la declaración podrá realizarse después de dos años desde la desaparición, sin necesidad de una declaración previa de ausencia. Estas disposiciones establecen criterios diferenciados para que las autoridades judiciales puedan resolver la situación legal de las personas desaparecidas de acuerdo con las circunstancias de cada caso.
Uno de los cambios relevantes contempla un plazo de seis meses cuando la desaparición se relaciona con determinadas catástrofes, como incendios, explosiones, terremotos o accidentes aéreos y ferroviarios, siempre que existan elementos que permitan presumir que la persona se encontraba en el lugar del suceso. El mismo periodo podrá aplicarse cuando existan datos de prueba que permitan presumir razonablemente que la desaparición fue consecuencia de un secuestro, desaparición forzada o desaparición cometida por particulares. En estos supuestos, corresponderá a un juez de lo familiar analizar la información disponible y determinar si procede emitir la declaración. La aplicación de los plazos dependerá de las condiciones y pruebas establecidas para cada situación.
La reforma aprobada por los legisladores también busca atender las dificultades económicas y administrativas que enfrentan las familias mientras permanece sin resolverse la situación jurídica de una persona desaparecida. La falta de una determinación legal puede complicar trámites relacionados con herencias, seguros de vida, pensiones de sobrevivientes y administración de bienes. Asimismo, puede generar obstáculos para resolver asuntos familiares y patrimoniales que requieren certeza jurídica. Con la modificación, se pretende facilitar el acceso a los procedimientos correspondientes y evitar que las familias permanezcan durante años sin posibilidades de resolver determinados asuntos legales. No obstante, la declaración de presunción de muerte deberá tramitarse ante la autoridad judicial y no se producirá automáticamente por el simple transcurso del tiempo.
Un aspecto fundamental de la reforma avalada por el Congreso es que la declaración judicial de presunción de muerte no suspenderá ni limitará las acciones de búsqueda, localización e investigación relacionadas con las personas desaparecidas. Las instituciones competentes deberán continuar sus labores hasta que se determine el paradero de la persona, conforme a las obligaciones legales vigentes. Esta disposición busca evitar que la resolución de asuntos civiles o familiares sea interpretada como el cierre de las investigaciones. También mantiene la protección de los derechos reconocidos a las personas desaparecidas y a sus familiares en las leyes correspondientes. De esta manera, la reforma distingue entre la necesidad de resolver la situación jurídica y la obligación institucional de continuar con las labores de búsqueda.
Con la aprobación de esta modificación al Código Civil, el Congreso de San Luis Potosí establece nuevos criterios para atender legalmente los casos de ausencia y desaparición de personas. La aplicación de los plazos diferenciados permitirá que los jueces valoren cada expediente conforme a las circunstancias y las pruebas disponibles, mientras las familias podrán iniciar los procedimientos que correspondan para resolver asuntos pendientes. La reforma también mantiene vigente la obligación de las autoridades de buscar a las personas desaparecidas, independientemente de las resoluciones que se emitan en materia civil. Su implementación será importante para conocer cómo se aplican los nuevos criterios y qué efectos tienen en la atención de las familias que enfrentan esta situación en la entidad.
