By El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en una acción coordinada entre el Departamento de Estado y agencias de inteligencia federales, anunció un agresivo paquete de recompensas que supera en su conjunto los 100 millones de dólares para quien aporte información verídica que conduzca a la localización y arresto de cinco líderes clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La medida fue oficializada durante una conferencia de prensa en Washington encabezada por el fiscal general interino, Todd Blanche, quien señaló que las acusaciones formales presentadas ante cortes federales de Nueva York y Washington, D.C., atribuyen a estos mandos la responsabilidad directa en la introducción masiva de fentanilo y otros sintéticos a territorio estadounidense, así como delitos vinculados al tráfico ilegal de armas de fuego de alto calibre.
El catálogo de objetivos prioritarios fijado por las autoridades norteamericanas incluye a mandos operativos de alto rango que han asumido el control de la estructura criminal tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, abatido por las Fuerzas Armadas mexicanas en febrero de este año. Dentro del paquete económico destaca la elevación de la retribución por Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón”, cuya suma pasó de 20 a 25 millones de dólares al ser identificado como uno de los principales sucesores al mando del grupo. A esta cifra se suman las recompensas ofertadas para capturar a Julio Alberto Castillo Rodríguez, exnuero del fundador del cártel; Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias “El Sapo”; Ricardo Ruiz Velasco, alias “El Tripas”; Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”; y Carlos Andrés Rivera Varela, conocido en el hampa como “La Firma”.
Como parte complementaria del cerco financiero y diplomático sobre la organización clasificada por la administración estadounidense como un grupo terrorista y amenaza para la seguridad nacional, el Gobierno de Estados Unidos anunció la cancelación de visados y la prohibición expresa de ingreso a su territorio para 65 personas identificadas como familiares directos o socios financieros vinculados a la cúpula del CJNG. Esta restricción busca congelar cualquier intento de blanqueo de capitales o movilidad de los círculos cercanos a los líderes perseguidos, ahogando los esquemas logísticos que permiten la operación de la red transnacional de narcotráfico.
El anuncio de Washington se produce en un punto de máxima exigencia política para la erradicación del tráfico de opioides sintéticos en Norteamérica, reafirmando la intención de los tribunales estadounidenses de juzgar en su jurisdicción a los operadores responsables de la crisis de salud pública por sobredosis. Mientras las agencias de procuración de justicia de Estados Unidos mantienen abiertos los canales de recepción de datos confidenciales en todo el mundo, las fuerzas de seguridad continúan trabajando en esquemas de inteligencia e intercambio de información para desmantelar la capacidad de fuego, las redes financieras y el control territorial de la estructura delictiva.
