By Garantizar la seguridad, atención y protección integral de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana es el objetivo de una iniciativa de reforma presentada en el Congreso del Estado de San Luis Potosí. La propuesta, impulsada por la diputada Sara Rocha Medina, plantea establecer medidas específicas para atender a menores migrantes que transiten, permanezcan o sean repatriados en territorio potosino. Entre los principales puntos se contempla asegurarles alojamiento, asistencia social, defensa legal y protección frente a posibles situaciones que vulneren sus derechos. La iniciativa busca fortalecer los mecanismos institucionales para que las autoridades estatales y municipales puedan responder de manera adecuada a las necesidades de esta población. También pretende establecer procedimientos que permitan brindar atención sin importar la nacionalidad o condición migratoria de los menores. Con ello, se busca colocar el bienestar de la niñez como una prioridad dentro de las políticas de atención a personas migrantes.
La propuesta legislativa plantea incorporar un capítulo específico a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, en el que se establezcan medidas especiales de protección social para quienes se encuentren en situación de movilidad humana. Estas disposiciones abarcarían a menores acompañados por sus familiares, aquellos que viajen sin compañía adulta, quienes hayan sido separados de sus familias, así como menores mexicanos, extranjeros y repatriados. El propósito es que todos puedan recibir atención institucional de acuerdo con sus necesidades particulares y sin enfrentar diferencias por su origen o situación administrativa. La iniciativa también busca armonizar los procedimientos de los sistemas DIF estatal y municipales con las disposiciones establecidas en el marco federal. De esta manera, se pretende generar una coordinación más clara entre las distintas autoridades responsables de garantizar los derechos de la infancia. La atención deberá desarrollarse dentro de las atribuciones legales correspondientes a cada nivel de gobierno.
Uno de los aspectos centrales de la reforma consiste en garantizar alojamiento y protección integral mientras las autoridades migratorias realizan los procedimientos que correspondan. De acuerdo con la propuesta, cuando el Instituto Nacional de Migración determine la condición migratoria de una niña, niño o adolescente, el Sistema Estatal DIF o los sistemas municipales deberán proporcionar la asistencia y el alojamiento necesarios, conforme a sus respectivas competencias. Este mecanismo busca evitar que los menores queden desprotegidos durante el tiempo que duren los procedimientos administrativos. Asimismo, se plantea incorporar principios como la no detención, la no devolución y la defensa legal en suplencia, con el objetivo de proteger sus derechos durante las intervenciones institucionales. La propuesta establece que el interés superior de la niñez deberá ser una consideración primordial en todas las decisiones y actuaciones de las autoridades locales. Con ello, se busca que ninguna circunstancia migratoria esté por encima de la protección de su integridad y bienestar.
La iniciativa también precisa que las autoridades estatales y municipales no tienen facultades para determinar o resolver la condición de estancia migratoria de personas extranjeras, ya que esa responsabilidad corresponde a las instancias federales competentes. Por esta razón, la reforma se concentra en las atribuciones locales relacionadas con la asistencia social, la protección integral y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes. El planteamiento busca evitar confusiones entre las responsabilidades de las instituciones y establecer mecanismos de actuación que permitan atender oportunamente a los menores. En este sentido, los sistemas DIF tendrán una función fundamental en la identificación de necesidades, provisión de alojamiento y canalización de los casos que requieran atención especializada. La coordinación institucional permitirá que los procedimientos de protección se desarrollen de manera ordenada y respetando las disposiciones legales vigentes. El objetivo es que los menores reciban atención independientemente de su procedencia o situación migratoria.
En la exposición de motivos se advierte que las condiciones de violencia, pobreza y falta de acceso a servicios sociales y educativos representan algunos de los factores que afectan a la niñez migrante en México y otros países de Latinoamérica, particularmente en Centroamérica. Durante sus desplazamientos, niñas, niños y adolescentes pueden enfrentar distintos riesgos, entre ellos la exposición al crimen organizado, el tráfico de personas, la discriminación y diversas formas de violencia. También pueden atravesar situaciones de hambre, frío y falta de acceso a servicios médicos, condiciones que incrementan su vulnerabilidad física y emocional. Estas circunstancias hacen necesario fortalecer las acciones de protección y establecer mecanismos institucionales que respondan a sus necesidades de manera inmediata. La propuesta legislativa busca que las autoridades locales cuenten con herramientas jurídicas más claras para intervenir y garantizar condiciones dignas durante su estancia en el estado. La atención especializada y el respeto a sus derechos constituyen elementos fundamentales para evitar que la movilidad humana se convierta en un factor adicional de desprotección.
Después de su presentación, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Niñas, Niños, Juventud y Deporte del Congreso del Estado para su análisis correspondiente. Será en esta instancia donde se revisará el contenido de la propuesta y se determinará el seguimiento legislativo que corresponda antes de una eventual discusión y votación. De avanzar, la reforma permitiría fortalecer el marco jurídico estatal en materia de protección de menores migrantes y establecer obligaciones más específicas para las instituciones responsables de su atención. El planteamiento también representa un esfuerzo por mejorar la coordinación entre los sistemas DIF, las autoridades municipales y las instancias federales que participan en los procesos relacionados con la movilidad humana. La intención es que ningún menor quede sin asistencia por razones de nacionalidad, origen o condición migratoria. Así, San Luis Potosí busca avanzar hacia mecanismos de atención que reconozcan la vulnerabilidad de la niñez migrante y prioricen en todo momento la protección de sus derechos.
