La asociación civil Motociclismo Organizado de San Luis Potosí manifestó su rechazo a las recientes modificaciones al Reglamento de Tránsito del Ayuntamiento capitalino y anunció que emprenderá acciones legales para impugnar las nuevas disposiciones. La agrupación considera que algunos de los cambios podrían vulnerar derechos constitucionales y establecer condiciones discriminatorias para quienes utilizan motocicletas como medio de transporte o herramienta de trabajo. El pronunciamiento involucra a más de cinco mil motociclistas agremiados, además de sus respectivas familias, quienes podrían verse afectados por la aplicación de las nuevas reglas. La organización señaló que su inconformidad está relacionada con la aprobación, publicación y entrada en vigor de las reformas municipales. Ante este escenario, su representación jurídica determinó recurrir a las instancias correspondientes para defender los derechos que consideran afectados. El anuncio abre una nueva controversia entre el sector motociclista y las autoridades municipales respecto a las condiciones que deberán cumplir quienes circulan en este tipo de vehículos.
Las modificaciones fueron aprobadas por el Cabildo de San Luis Potosí el pasado 25 de septiembre de 2026, posteriormente se publicaron en el Periódico Oficial del Estado el 21 de octubre y entraron en vigor al día siguiente. Entre los cambios se incorporó un apartado específico denominado normas de circulación para las personas motociclistas y la motocicleta, en el que se establecen obligaciones relacionadas con la seguridad, documentación y comportamiento de los conductores. La actualización busca regular aspectos que anteriormente no contaban con disposiciones tan detalladas dentro del reglamento municipal. Sin embargo, Motociclismo Organizado considera que algunas de estas medidas requieren una revisión jurídica para determinar si respetan las garantías individuales de los ciudadanos. La agrupación sostiene que las disposiciones deben aplicarse bajo criterios de igualdad y sin generar restricciones que afecten injustificadamente a quienes dependen de estos vehículos para trasladarse diariamente. Por ello, anunció que buscará que las autoridades competentes revisen el contenido y alcance de la normativa.
Entre las nuevas obligaciones se encuentra el uso de casco protector certificado para conductores y acompañantes, además de guantes, lentes y chalecos o prendas reflejantes, conforme a las disposiciones establecidas. También se determina que las motocicletas deberán circular ocupando un carril completo y se establecen restricciones para desplazarse entre hileras de vehículos cuando el tránsito se encuentre en movimiento. Otro de los puntos establece que solamente podrán transportarse pasajeros en los espacios habilitados por el fabricante, además de prohibir el traslado de objetos que dificulten la visibilidad, el equilibrio o el control de la unidad. La normativa también impide circular por banquetas, zonas peatonales, ciclovías y carriles exclusivos del transporte público. Asimismo, contempla obligaciones administrativas como portar placas visibles, tarjeta de circulación vigente y póliza de seguro de daños a terceros. Estas disposiciones forman parte de las reglas que deberán observar los motociclistas que circulen dentro de la capital potosina.
El reglamento también establece restricciones para determinadas maniobras consideradas riesgosas, entre ellas realizar acrobacias, competencias de velocidad, arrancones y desplazamientos intempestivos entre vehículos. De igual manera, contempla limitaciones para organizar caravanas que obstruyan la circulación sin contar con la autorización correspondiente. Otra disposición establece que las motocicletas deberán mantener todas sus llantas sobre la superficie de rodamiento, por lo que realizar maniobras que impliquen levantar alguna de ellas puede considerarse conducción temeraria. También se prohíbe utilizar luces estroboscópicas o dispositivos luminosos que no correspondan a las especificaciones técnicas permitidas. Para Motociclismo Organizado, el conjunto de estas medidas podría generar dificultades para algunos usuarios, particularmente para quienes utilizan la motocicleta como principal medio de transporte o como herramienta indispensable para desarrollar sus actividades laborales. La asociación considera necesario revisar las posibles consecuencias de estas disposiciones y su aplicación en diferentes circunstancias.
Entre los argumentos presentados por la organización se encuentran posibles afectaciones a los derechos de igualdad y no discriminación, libertad de trabajo, libertad de conciencia y libre tránsito. La agrupación sostiene que las nuevas disposiciones podrían imponer condiciones particulares a un sector de la población sin considerar las diferentes necesidades de quienes utilizan motocicletas para trasladarse, trabajar o sostener sus actividades familiares. También manifestó preocupación por las personas que dependen de este medio de transporte para realizar entregas, prestar servicios o movilizarse diariamente entre distintos puntos de la ciudad. Según su posicionamiento, las normas deben garantizar la seguridad vial sin generar situaciones que puedan interpretarse como restricciones injustificadas a los derechos de los ciudadanos. Hasta el momento, la asociación no ha detallado cuáles serán los recursos jurídicos específicos que presentará ni qué artículos buscará impugnar. Su área legal continúa preparando las acciones correspondientes y adelantó que dará a conocer mayores detalles sobre su estrategia en los próximos días.
Mientras se desarrolla esta controversia, las nuevas disposiciones del Reglamento de Tránsito permanecen vigentes y deberán ser observadas por quienes circulan en motocicleta dentro del municipio de San Luis Potosí. La asociación Motociclismo Organizado reiteró que su intención es defender los derechos y el patrimonio de sus más de cinco mil integrantes, así como de las familias que dependen de este medio de transporte. Por su parte, el Ayuntamiento capitalino tendrá que atender los planteamientos que puedan presentarse ante las instancias correspondientes, en caso de que se formalicen los recursos legales anunciados. La discusión coloca sobre la mesa la necesidad de encontrar un equilibrio entre la seguridad vial, la prevención de accidentes y el respeto a los derechos de los usuarios. El resultado de las posibles impugnaciones permitirá conocer si las disposiciones cuestionadas se mantienen, se modifican o requieren ajustes conforme a las resoluciones judiciales. Por ahora, el sector motociclista mantiene su rechazo a las reformas y prepara una defensa legal para cuestionar su aplicación.


