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Prácticas profesionales, servicio social y pasantías podrían abrir las puertas al primer empleo en San Luis Potosí

Prácticas profesionales, servicio social y pasantías podrían abrir las puertas al primer empleo en San Luis Potosí

Las prácticas profesionales, el servicio social y las pasantías podrían ser reconocidos legalmente como experiencia laboral en San Luis Potosí, con el propósito de facilitar que las personas jóvenes puedan incorporarse al mercado de trabajo sin enfrentar como principal obstáculo la falta de antecedentes profesionales. La propuesta recibió la aprobación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, mediante un dictamen que plantea modificar el artículo 30 de la Ley de la Persona Joven. La iniciativa fue impulsada por la diputada Ma. Sara Rocha Medina, quien señaló que uno de los problemas más frecuentes para quienes terminan sus estudios es encontrar empresas que solicitan experiencia incluso para ocupar puestos de primer ingreso. Con este cambio se busca reconocer los conocimientos y habilidades adquiridos durante la preparación académica y técnica. La intención es que las actividades realizadas por los estudiantes también tengan valor al momento de solicitar una oportunidad laboral.

La propuesta legislativa establece que las actividades desarrolladas durante el servicio social, las prácticas profesionales y las pasantías deberán considerarse como experiencia laboral equivalente en los procesos de reclutamiento y selección de personal. Este reconocimiento tendría aplicación tanto en instituciones del sector público como en empresas privadas, permitiendo que los jóvenes acrediten parte de su preparación mediante las actividades que realizaron antes de concluir sus estudios. Asimismo, el dictamen plantea que la falta de experiencia laboral previa no pueda utilizarse como motivo de exclusión o discriminación para acceder al primer empleo formal. De esta manera, se pretende modificar las condiciones que actualmente dificultan la contratación de recién egresados, quienes en muchas ocasiones cuentan con conocimientos profesionales, pero no pueden demostrar una trayectoria laboral tradicional. La iniciativa busca que las oportunidades de contratación consideren las capacidades y aptitudes de los aspirantes.

La diputada Sara Rocha Medina consideró que no basta con reconocer el derecho de las juventudes a conseguir un empleo digno, sino que también es necesario eliminar los requisitos que dificultan su incorporación al ámbito profesional. Explicó que muchas personas terminan sus carreras universitarias o técnicas después de cumplir con actividades de servicio social y prácticas, pero al buscar trabajo se encuentran nuevamente con la exigencia de contar con experiencia previa. Esta situación genera una barrera que limita sus posibilidades de obtener un puesto relacionado con su formación. Por ello, sostuvo que reconocer legalmente estas actividades permitiría dar valor al esfuerzo realizado durante la etapa educativa. También destacó que la modificación busca fortalecer los derechos laborales de las personas jóvenes y facilitar que puedan competir en condiciones más equitativas frente a otros aspirantes que ya cuentan con antecedentes de contratación formal.

Otro de los objetivos de la reforma consiste en facilitar la transición entre las aulas y el mercado laboral, tomando en cuenta que las actividades académicas y técnicas permiten desarrollar conocimientos que pueden aplicarse en diferentes espacios de trabajo. Durante el servicio social y las prácticas profesionales, los estudiantes tienen la oportunidad de colaborar con instituciones, empresas y organizaciones, además de adquirir habilidades relacionadas con su área de preparación. Estas experiencias pueden incluir responsabilidades administrativas, atención a usuarios, elaboración de proyectos y participación en actividades especializadas, dependiendo de la carrera y del lugar donde se desarrollen. Al reconocerlas como experiencia equivalente, se pretende que los jóvenes tengan mayores herramientas para demostrar sus capacidades durante una entrevista o proceso de selección. La propuesta también busca que las instituciones empleadoras valoren la formación práctica y no únicamente el tiempo que una persona ha permanecido contratada formalmente.

El dictamen aprobado en la Comisión de Trabajo y Previsión Social contempla además el derecho de las personas jóvenes a acceder a un empleo digno, formal, justamente remunerado y con seguridad social, de acuerdo con sus aptitudes y vocación. La modificación pretende que estas condiciones contribuyan al desarrollo profesional y personal de quienes buscan incorporarse por primera vez a una actividad remunerada. Sin embargo, la aprobación dentro de la comisión legislativa todavía no significa que la reforma se encuentre vigente, debido a que deberá ser turnada al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación. Será en esa instancia donde las diputadas y los diputados determinarán si respaldan definitivamente los cambios propuestos a la legislación estatal. Mientras tanto, la iniciativa representa un avance en la discusión sobre las dificultades que enfrentan los recién egresados para conseguir oportunidades de trabajo.

De aprobarse en el Pleno, la reforma podría representar una alternativa para miles de jóvenes potosinos que buscan su primer empleo y que han encontrado dificultades para cumplir con los requisitos de experiencia solicitados por los empleadores. El reconocimiento de las prácticas profesionales, el servicio social y las pasantías permitiría aprovechar formalmente las actividades realizadas durante la preparación académica y convertirlas en un respaldo para futuras contrataciones. No obstante, su alcance dependerá de la aprobación definitiva de los legisladores y de la manera en que se aplique la disposición en los procesos de selección del sector público y privado. La iniciativa busca reducir las barreras de acceso al empleo, reconocer el esfuerzo de los estudiantes y ofrecer mejores condiciones para iniciar una trayectoria profesional. Por ahora, el siguiente paso será la discusión legislativa que determinará si esta propuesta se convierte en una nueva disposición para proteger los derechos laborales de las juventudes en San Luis Potosí.

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