By El Congreso del Estado de San Luis Potosí recibió una iniciativa que busca reconocer el derecho a la salud digital y fortalecer la protección de la salud mental ante los riesgos asociados con el uso excesivo de dispositivos electrónicos, videojuegos y redes sociales. La propuesta fue presentada por el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, quien planteó incorporar un nuevo capítulo denominado “Salud Digital, Higiene Digital y Prevención de Adicciones Tecnológicas” a la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios. El objetivo es establecer medidas para atender las consecuencias que puede generar el uso inadecuado de las herramientas digitales, especialmente entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La iniciativa también pretende promover hábitos tecnológicos saludables y garantizar que la convivencia en los espacios virtuales se desarrolle bajo principios de responsabilidad y bienestar.
Uno de los principales planteamientos consiste en establecer una definición legal de la adicción comportamental a las tecnologías y los entornos virtuales. Esta condición sería entendida como un patrón recurrente de conducta caracterizado por la pérdida de control sobre el tiempo o la frecuencia de utilización de teléfonos celulares, plataformas digitales, videojuegos y redes sociales. La propuesta considera que este comportamiento puede generar dependencia, deterioro cognitivo, aislamiento social y alteraciones emocionales que afectan el desarrollo de las personas. Con esta definición se busca establecer criterios que permitan identificar conductas problemáticas y desarrollar mecanismos de prevención y atención desde las instituciones públicas. La intención es que el uso de la tecnología no represente un factor que perjudique la convivencia familiar, el desempeño escolar o las relaciones sociales.
La iniciativa también contempla la implementación permanente de campañas institucionales de información, concientización y prevención, que estarían a cargo de la Secretaría de Salud, mediante los Servicios de Salud y en coordinación con otras dependencias. Estas acciones buscarían alertar a la población sobre los riesgos relacionados con la exposición excesiva a pantallas y el uso compulsivo de dispositivos electrónicos. Entre las posibles consecuencias que se pretende prevenir se encuentran problemas de ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, dificultades de atención y concentración, así como conductas de aislamiento. Las campañas tendrían especial atención en la primera infancia, la niñez, la adolescencia y la juventud, debido a la importancia de desarrollar hábitos digitales adecuados desde las primeras etapas de la vida.
Otro de los aspectos centrales es promover la llamada higiene digital, entendida como el conjunto de hábitos y medidas de autocontrol que permiten utilizar la tecnología de manera equilibrada y segura. Esto contempla establecer límites de tiempo frente a las pantallas, desarrollar mecanismos de autorregulación y fomentar prácticas responsables en los espacios familiares, educativos, laborales y comunitarios. La propuesta también incorpora el reconocimiento del derecho a la desconexión tecnológica, con la intención de promover un equilibrio entre las actividades digitales y la vida cotidiana. De esta manera, se busca generar conciencia sobre la importancia de establecer horarios y espacios libres de dispositivos electrónicos, evitando que la conexión permanente interfiera con el descanso, la convivencia y el bienestar emocional de las personas.
En materia educativa, la reforma plantea que las secretarías de Salud y Educación trabajen conjuntamente para elaborar un Diagnóstico Estatal sobre Salud Digital y Adicciones Tecnológicas. También se propone desarrollar talleres y contenidos educativos sobre higiene digital y ciberconvivencia responsable en planteles de educación básica y media superior. El personal docente y directivo recibiría capacitación para identificar señales de alerta relacionadas con el uso problemático de celulares, videojuegos y plataformas digitales entre los estudiantes. Asimismo, madres, padres de familia y tutores contarían con herramientas para orientar a niñas, niños y adolescentes, establecer límites adecuados y fomentar una crianza digital respetuosa. La intención es que la prevención no dependa únicamente de las escuelas, sino que también involucre a las familias y a las autoridades responsables de la atención sanitaria.
La propuesta legislativa busca adaptar la legislación estatal a los desafíos que representa el crecimiento de las actividades digitales y su impacto en la salud mental de la población. Sin embargo, la iniciativa todavía no constituye una obligación vigente, debido a que fue turnada a la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado para su análisis y discusión. En caso de avanzar en el procedimiento legislativo, las autoridades tendrían que desarrollar las acciones de prevención, capacitación y diagnóstico contempladas en la reforma. El planteamiento abre una discusión sobre la responsabilidad de las instituciones frente al uso de las nuevas tecnologías y la necesidad de proteger especialmente a los sectores más jóvenes. Con ello, San Luis Potosí busca avanzar hacia un marco normativo que reconozca los riesgos del entorno digital y promueva una relación más saludable con celulares, videojuegos y redes sociales.
