By La capacidad de los centros penitenciarios de San Luis Potosí se encuentra bajo presión debido al aumento de personas privadas de la libertad, situación que ha llevado a considerar la construcción de una nueva instalación estatal. Actualmente, la entidad cuenta con cinco penales que enfrentan problemas de sobrepoblación, lo que dificulta atender la demanda de espacios. Ante este escenario, se contempla desarrollar un sexto centro penitenciario durante 2027. El proyecto forma parte de las alternativas para responder al crecimiento de la población interna y ampliar la infraestructura disponible. Sin embargo, su ejecución requiere avanzar en la planeación y en las condiciones necesarias para concretar la obra.
La saturación de los establecimientos penitenciarios representa un desafío para la distribución de las personas internas y el funcionamiento cotidiano de las instalaciones. La información difundida por autoridades estatales señala que los cinco centros operan por encima de su capacidad, con una ocupación estimada del 120 por ciento. Esta situación genera presión sobre los espacios disponibles y plantea la necesidad de revisar las condiciones en que se brinda atención a la población penitenciaria. La ampliación de la infraestructura aparece como una de las opciones para atender el problema, aunque también resulta necesario considerar la operación y los servicios que requiere cada establecimiento.
El crecimiento de la población penitenciaria se relaciona, entre otros factores señalados por las autoridades, con el incremento de detenciones por delitos contra la salud, particularmente por narcomenudeo. El aumento de personas que ingresan a los centros estatales ha elevado la demanda de espacios para su permanencia. Como parte de las medidas adoptadas, se han realizado traslados de internos a centros penitenciarios federales para reducir la presión sobre las instalaciones potosinas. No obstante, estas acciones no han eliminado la sobrepoblación, por lo que la construcción de otro penal se mantiene entre las alternativas planteadas para ampliar la capacidad del sistema estatal.
Además de la disponibilidad de espacios, las condiciones de operación de los centros penitenciarios forman parte de los aspectos que requieren atención. El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, otorgó al sistema penitenciario potosino una calificación general de 5.40 sobre 10. Cuatro de los cinco establecimientos evaluados no alcanzaron una calificación aprobatoria. Entre las observaciones se identificaron problemas relacionados con los servicios, la atención a las personas internas, la organización de las actividades y la disponibilidad de personal. Estos resultados muestran que los retos del sistema no se limitan a la cantidad de lugares disponibles, sino que también abarcan las condiciones en que funcionan las instalaciones.
La posibilidad de construir un sexto centro penitenciario implica definir aspectos relacionados con la planeación, el financiamiento y las características que tendría la nueva instalación. Entre los elementos que deben considerarse están la capacidad que ofrecería, su ubicación y los recursos necesarios para mantenerla en funcionamiento. La ampliación de la infraestructura requiere no solo espacios físicos, sino también personal de seguridad, servicios médicos, programas educativos y actividades orientadas a la reinserción social. Por ello, el desarrollo del proyecto deberá contemplar las necesidades operativas que implica mantener un establecimiento de estas características. La información disponible no precisa todavía todos los detalles técnicos y financieros de la obra.
La construcción de un nuevo penal se perfila como una de las medidas que podrían contribuir a atender la saturación de los centros penitenciarios de San Luis Potosí. La previsión de desarrollar el proyecto en 2027 establece un horizonte para avanzar en la ampliación de la infraestructura estatal, aunque todavía deben concretarse los aspectos necesarios para su ejecución. Al mismo tiempo, las condiciones señaladas en las evaluaciones penitenciarias mantienen sobre la mesa la necesidad de mejorar los servicios, la organización interna y la atención a las personas privadas de la libertad. El desafío consiste en ampliar la capacidad del sistema y atender sus necesidades operativas para que las instalaciones puedan funcionar en condiciones adecuadas.
