By En el estado de San Luis Potosí, informes recientes del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública revelaron que solo 25 de los 59 ayuntamientos de la entidad cumplen formalmente con el establecimiento de una remuneración mínima neta de 14 mil pesos mensuales para los elementos de las corporaciones policiales municipales. La medida, orientada a dignificar la labor de los cuerpos de seguridad y garantizar condiciones laborales justas, enfrenta un rezago generalizado en más de la mitad de las demarcaciones del territorio potosino.
Las instancias de seguridad detallaron que el proceso de revisión y homologación salarial forma parte de las reformas aprobadas para fortalecer el desempeño institucional de las policías locales en las cuatro regiones del estado. Los funcionarios explicaron que los ayuntamientos que aún no acreditan el cumplimiento formal argumentan limitaciones presupuestales y dificultades administrativas para ajustar sus tabuladores financieros a los mínimos establecidos por la normatividad vigente.
Asimismo, la representación de los organismos fiscalizadores enfatizó que las administraciones municipales disponen de plazos perentorios para comprobar las modificaciones en sus presupuestos de egresos, bajo el riesgo de enfrentar procedimientos de responsabilidad administrativa y observaciones directas ante la Auditoría Superior del Estado. Las autoridades recalcaron que la profesionalización policial debe estar respaldada por percepciones económicas dignas que inhiban la rotación de personal y fortalezcan el estado de fuerza municipal.
Por su parte, especialistas en seguridad pública y observatorios ciudadanos calificaron como preocupante el incumplimiento generalizado por parte de los gobiernos municipales, señalando que la seguridad pública requiere inversiones prioritarias en el factor humano. Los expertos puntualizaron que contar con corporaciones bien remuneradas es un requisito indispensable para disminuir los índices de vulnerabilidad institucional y garantizar una procuración de justicia eficaz en todo el territorio estatal.
En este mismo contexto, representantes de los cabildos municipales manifestaron que la falta de suficiencia financiera en los municipios con menor recaudación limita la aplicación inmediata de los tabuladores salariales exigidos por la ley. Las autoridades locales insistieron en la necesidad de gestionar esquemas de apoyo financiero extraordinario que permitan a los ayuntamientos cumplir con las disposiciones en materia de seguridad sin descuidar la prestación de servicios públicos básicos.
Finalmente, las instancias estatales de seguridad y fiscalización reiteraron que continuarán los procesos de revisión técnica y jurídica para evaluar la situación salarial de los elementos policiacos en cada demarcación. El gobierno de San Luis Potosí refrendó su compromiso de vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones laborales, asegurando que el bienestar de las corporaciones de seguridad continúe siendo una prioridad institucional en los 59 municipios de la entidad.
