By El Poder Judicial de San Luis Potosí manifestó su disposición para establecer canales de diálogo con jubilados y pensionados de la institución, luego de las inconformidades expresadas por extrabajadores que demandan respuestas sobre sus prestaciones económicas. El posicionamiento institucional se produjo después de una manifestación realizada frente a la Ciudad Judicial, donde integrantes de la Primera Gran Asociación de Jubilados y Pensionados expusieron sus demandas. Entre las principales exigencias se encuentra la aplicación de un incremento del 3.5 por ciento a sus pensiones, además del pago de las cantidades retroactivas correspondientes. La inconformidad surgió ante la falta de una respuesta concreta a sus solicitudes, situación que llevó a los extrabajadores a hacer público su reclamo y solicitar atención directa de las autoridades judiciales.
A través de un comunicado, el Poder Judicial señaló que reconoce la importancia de mantener una comunicación permanente con quienes dedicaron parte de su vida laboral a la institución. Asimismo, manifestó su disposición para atender los planteamientos presentados mediante las vías institucionales y con respeto a las disposiciones legales, administrativas y presupuestales aplicables. La institución también indicó que ha mantenido conversaciones con el sindicato mayoritario para abordar asuntos relacionados con prestaciones y condiciones laborales. Sin embargo, el pronunciamiento no establece una fecha específica para reunirse con la asociación de jubilados ni detalla cuáles de sus demandas podrían recibir una respuesta favorable. Esto dejó pendientes varios de los cuestionamientos que motivaron la movilización.
Uno de los principales puntos de desacuerdo está relacionado con el incremento salarial del 3.5 por ciento que fue autorizado para trabajadores del Gobierno del Estado desde agosto de 2026. Los jubilados y pensionados consideran que este ajuste también debe reflejarse en sus percepciones, por lo que solicitaron que se aplique el aumento correspondiente y se cubran los pagos retroactivos. La agrupación sostiene que se trata de una prestación que debe atenderse y que la condición de retiro no debería representar una desventaja frente a quienes continúan en activo. Por ello, los manifestantes insistieron en la necesidad de obtener una respuesta clara sobre el alcance del incremento y los mecanismos mediante los cuales podría hacerse efectivo.
La Primera Gran Asociación de Jubilados y Pensionados, encabezada por Ana Luisa Morales Lara, también señaló que había solicitado formalmente una reunión con las autoridades judiciales desde el pasado 1 de octubre, sin recibir contestación durante varias semanas. De acuerdo con sus integrantes, al momento de realizar la protesta ya habían transcurrido 28 días sin obtener una respuesta a su petición. Durante la manifestación, los extrabajadores expresaron su inconformidad por lo que consideran falta de atención a quienes anteriormente prestaron sus servicios a la institución. También rechazaron que las limitaciones presupuestales sean utilizadas como argumento para dejar sin resolver sus demandas económicas, al considerar que sus derechos y prestaciones deben recibir atención prioritaria.
Los reclamos fueron dirigidos a la consejera presidenta del Órgano de Administración Judicial, Mónica Lárraga Sáinz, así como a los consejeros Berenice de la Rosa Reynoso y José Alfredo Salazar Hernández. Los manifestantes solicitaron que las autoridades responsables intervengan para revisar la situación y establecer mecanismos que permitan resolver las diferencias relacionadas con sus percepciones. Por su parte, el Poder Judicial reiteró su respeto al derecho de manifestación y a la presentación de solicitudes por las vías correspondientes. También aseguró que mantendrá la comunicación con las instancias competentes para dar seguimiento a los asuntos relacionados con los derechos y prestaciones del personal, aunque sin precisar compromisos específicos sobre las cantidades reclamadas.
El acercamiento entre las autoridades judiciales y los jubilados representa un asunto pendiente para la institución, particularmente por la necesidad de ofrecer respuestas claras a quienes dependen de sus percepciones de retiro. Aunque el Poder Judicial expresó públicamente su disposición al diálogo, todavía falta conocer si se concretará una reunión formal con la asociación y si se establecerán acuerdos sobre el incremento del 3.5 por ciento y los pagos retroactivos. La inconformidad evidencia la importancia de mantener una comunicación efectiva con los extrabajadores y atender oportunamente sus planteamientos. Mientras tanto, los jubilados y pensionados esperan que el ofrecimiento institucional se traduzca en acciones concretas que permitan esclarecer su situación económica y garantizar la atención de las prestaciones que consideran pendientes.
