By Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado consiguieron un auto de vinculación a proceso contra una persona detenida en posesión de equipos electrónicos especializados para bloquear señales de comunicación, según informaron de manera oficial las autoridades ministeriales federales, buscando frenar las operaciones ilícitas vinculadas al robo de vehículos y transporte de carga en carreteras de San Luis Potosí.
Acciones operativas de inteligencia y filtros de revisión carretera ejecutaron los elementos de la Policía Federal Ministerial, detallando en su puesta a disposición que el imputado transportaba los dispositivos de bloqueo sin contar con el permiso correspondiente. Puntualizando que estos aparatos tecnológicos son empleados comúnmente por grupos delictivos para neutralizar sistemas de geolocalización satelital en unidades automotrices, facilitando así la comisión de robos con violencia en tramos federales. Generando un riesgo mayúsculo para la seguridad patrimonial de transportistas y automovilistas que circulan diariamente por las vías de comunicación que cruzan el territorio potosino. Consolidando un golpe contundente contra las herramientas tecnológicas utilizadas por la delincuencia organizada en la región.
La persecución implacable de delitos del orden federal y el combate frontal al robo carretero constituyen prioridades institucionales ineludibles, enfatizó firmemente la representación social de la federación al señalar que el uso de bloqueadores de señal representa una agravante mayor. Ante la incidencia de hurtos registrados en las rutas comerciales estratégicas del centro del país, reafirmando la determinación jurídica de castigar con todo el peso de la ley a quienes detenten este tipo de instrumentos prohibidos. Mediante la integración de carpetas de investigación sólidas sustentadas en dictámenes periciales en materia informática y balística forense, que avalen plenamente la responsabilidad del detenido ante los órganos jurisdiccionales competentes en el estado. Garantizando de esta forma que los infractores enfrenten procesos penales rigurosos sin beneficios de impunidad en el sistema de justicia federal potosino.
Un avance significativo en la estrategia de seguridad interinstitucional para salvaguardar las cadenas de suministro y el comercio exterior representan estas acciones legales, calificaron de manera puntual diversos organismos empresariales y cámaras de autotransporte de carga. Señalando sin titubeos que neutralizar los equipos de interferencia electrónica debilita la capacidad operativa de las bandas dedicadas al asalto en carreteras, de quienes dependen miles de empleos del sector logístico en la región centro-bajío. Limitando asimismo la impunidad con la que operaban estas células delictivas al dejar incomunicados a los operadores durante los atraco violentos en rutas federales. Reclamando de manera constante una vigilancia más estrecha en los paradores seguros y tramos carreteros identificados con mayor índice de robos en territorio potosino.
Su total respaldo a las indagatorias ministeriales y a la coordinación entre corporaciones de seguridad manifestaron diversas asociaciones de transportistas organizados, recalcando que la aplicación estricta de la ley federal de armas y explosivos o leyes conexas inhibe conductas antisociales graves. O delitos patrimoniales de alto impacto que vulneran la paz social durante los traslados mercantiles hacia diferentes puntos de la república mexicana, fomentando un entorno más seguro para la economía estatal. Mediante la denuncia anónima y el reporte oportuno de actividades sospechosas en caminos vecinales y carreteras de cuota, que requieren la participación corresponsable de los usuarios de las vías de comunicación. Consolidando un frente sólido entre instituciones de procuración de justicia y el sector productivo para erradicar la delincuencia carretera en el estado.
Audiencias de control de detención y el desahogo de pruebas complementarias mantendrán ocupados a los tribunales federales durante los próximos dos meses, operando bajo los plazos constitucionales establecidos para definir la situación jurídica definitiva del imputado en territorio potosino.
