By En lo que representa un nuevo y contundente freno judicial para las estrategias de control fronterizo de la Casa Blanca, un tribunal federal de los Estados Unidos emitió una resolución histórica que prohíbe terminantemente a la administración de Donald Trump mantener bajo detención prolongada a los migrantes por un periodo superior a los 90 días sin que se les otorgue una audiencia formal de revisión de fianza. El fallo establece que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las agencias de control migratorio estarán obligadas de manera estricta a presentar a los asegurados ante un juez de inmigración al cumplirse dicho plazo, con el fin de evaluar si su reclusión continua se justifica legalmente o si tienen derecho a recuperar su libertad condicional mientras se resuelven sus respectivos procesos de asilo o deportación.
La estricta disposición judicial ataca de manera directa la política de “detención indefinida y masiva” que el Ejecutivo estadounidense ha intentado implementar en los centros de reclusión federales y privados a lo largo de la franja fronteriza. La defensa legal del gobierno norteamericano argumentaba de forma restrictiva que el flujo extraordinario de cruces irregulares y la saturación de las cortes justificaban la retención de los extranjeros en aras de la seguridad nacional y para evitar el ausentismo en los juicios de expulsión; no obstante, la magistrada de la causa desestimó de fondo estos argumentos, señalando que el debido proceso constitucional y las garantías fundamentales de libertad protegen a cualquier individuo en suelo estadounidense, independientemente de su condición migratoria.
En el texto de la resolución, se enfatizó de forma enérgica que mantener a personas bajo custodia estatal por meses o años sin la intervención o el escrutinio de una autoridad judicial independiente viola flagrantemente las normativas internacionales y los precedentes legales internos de la Unión Americana. El fallo judicial detalla que, al cumplirse la ventana de los 90 días, la carga de la prueba recaerá de forma obligatoria en las agencias del gobierno, las cuales deberán demostrar fehacientemente ante el juzgador que el migrante detenido representa un peligro real para la comunidad o un riesgo inminente de fuga para que se le pueda negar el beneficio de la fianza.
Esta determinación jurídica se suma a la reciente cadena de reveses que los tribunales de distintos niveles han asestado a la agenda de la actual administración de la Casa Blanca en materias de orden civil y migratorio, mermando el margen de maniobra de los decretos ejecutivos presidenciales. Mientras las organizaciones civiles, activistas de derechos humanos y colectivos de abogados defensores de los derechos de los migrantes celebraron el dictamen como una victoria crucial que evitará abusos humanitarios y condiciones de hacinamiento extremo en las estaciones migratorias, los sectores más conservadores y afines al partido oficialista criticaron con rigor el veredicto, señalando que la medida obligará a la liberación masiva de miles de personas y debilitará el principio de disuasión en las fronteras. El gobierno federal ya analiza los mecanismos legales para apelar la resolución ante instancias superiores, anticipando una prolongada y ríspida batalla en los tribunales federales.
