By En el estado de San Luis Potosí, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado informó que los 59 ayuntamientos de la entidad tendrán la obligación de digitalizar la totalidad de sus documentos y registros contables a partir del ejercicio fiscal 2027. La medida, anunciada por el titular del organismo auditor, busca implementar de manera definitiva el uso de la firma electrónica avanzada, eliminando la entrega física de expedientes y optimizando los procesos de revisión de la cuenta pública en todo el territorio potosino.
El órgano fiscalizador detalló que la sistematización digital de los procedimientos permitirá a las administraciones municipales realizar la entrega de documentos comprobatorios y justificativos del gasto de forma remota y segura. Las autoridades explicaron que este esquema erradica los riesgos de pérdida de información durante los traslados prolongados desde el interior del estado hacia la capital, salvaguardando además la integridad de los servidores públicos encargados de la rendición de cuentas.
Asimismo, la representación del Instituto de Fiscalización Superior reconoció que, si bien existen demarcaciones con mayor capacidad técnica y económica que ya cumplen con gran parte de estas obligaciones de manera electrónica, la mayoría de los municipios enfrenta un rezago financiero considerable. Los funcionarios señalaron que la transición se realizará mediante esquemas escalonados, priorizando el fortalecimiento de las áreas básicas en las regiones con menores recursos para garantizar su cumplimiento gradual.
Por su parte, especialistas en administración pública y gestores gubernamentales respaldaron la modernización de los procesos de fiscalización, señalando que la adopción de tecnologías digitales fortalece la transparencia institucional. Los profesionales del sector financiero puntualizaron que el uso de herramientas electrónicas disminuye los márgenes de discrecionalidad y agiliza la supervisión del erario público en las cuatro regiones del estado.
En este mismo contexto, representantes de los ayuntamientos y actores políticos manifestaron que la obligatoriedad de la firma electrónica exigirá un esfuerzo extraordinario de capacitación y equipamiento técnico para los gobiernos municipales. Las autoridades locales recalcaron que será indispensable contar con el respaldo presupuestal y la asesoría técnica necesaria para cumplir con los nuevos requerimientos normativos sin descuidar las prioridades operativas de cada demarcación.
Finalmente, el organismo autónomo reiteró que continuará emitiendo los lineamientos legales correspondientes para consolidar la plataforma tecnológica antes de que concluya el plazo establecido. El gobierno del estado y las instancias de fiscalización refrendaron su compromiso de impulsar una gestión pública más eficiente, transparente y sujeta al escrutinio ciudadano en los 59 municipios potosinos.
