By La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado descartó la posibilidad de otorgar subsidios directos a los permisionarios del transporte público urbano para cubrir la totalidad de sus necesidades económicas, al señalar que las empresas y concesionarios deben demostrar que cuentan con la solvencia financiera necesaria para ofrecer un servicio de calidad. La titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta, indicó que corresponde a los prestadores del servicio garantizar condiciones adecuadas para los usuarios, incluyendo unidades en buen estado y una operación que cumpla con las disposiciones establecidas en la legislación estatal. Advirtió que, si los actuales permisionarios no cuentan con la capacidad necesaria para cumplir estas obligaciones, el Gobierno podría considerar alternativas para ampliar la participación de otros operadores.
La funcionaria explicó que el Gobierno del Estado ya participa en el financiamiento del transporte público mediante el sistema MetroRed, cuya operación está a cargo de la administración estatal y ofrece traslados gratuitos a la población. Señaló que este modelo representa una alternativa para proporcionar movilidad sin costo a los usuarios y que su cobertura se ha extendido más allá de la zona metropolitana de San Luis Potosí, llegando también a otras regiones de la entidad. En este sentido, destacó que la administración estatal mantiene acciones para fortalecer las opciones de traslado de los ciudadanos, por lo que consideró que el apoyo público al transporte debe analizarse tomando en cuenta los servicios que actualmente proporciona el Estado.
Respecto a las solicitudes de apoyo económico planteadas por representantes del sector transportista, Martínez Acosta señaló que los permisionarios deben presentar información financiera que permita conocer con claridad su situación económica. Explicó que desde hace aproximadamente seis meses se establecieron mesas de diálogo con empresarios del ramo; sin embargo, hasta el momento no se ha entregado documentación suficiente para revisar formalmente la propuesta de subsidio. Consideró necesario que los interesados sustenten sus planteamientos mediante estados financieros y datos relacionados con la cantidad de pasajeros que utilizan diariamente sus unidades, pues estos elementos permitirían evaluar las condiciones reales de operación y determinar si existe justificación para solicitar recursos públicos.
La discusión se relaciona con una propuesta presentada ante el Congreso del Estado por representantes del transporte colectivo urbano, en la que se plantea una bolsa de 2 mil 797 millones 883 mil 472 pesos para apoyar la operación del servicio durante 2027. La petición ha generado cuestionamientos por parte de las autoridades estatales, que consideran indispensable conocer los argumentos financieros y operativos que respaldan la cantidad solicitada. Para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cualquier planteamiento de esta naturaleza debe contar con información verificable que permita valorar su viabilidad y los beneficios que podría representar para los usuarios. Por ello, la dependencia mantiene su postura de que los permisionarios deben demostrar sus necesidades antes de considerar cualquier esquema de respaldo económico.
Martínez Acosta también señaló que la situación financiera de los concesionarios podría abrir la posibilidad de revisar el esquema actual de prestación del servicio y analizar la incorporación de nuevos operadores. Indicó que durante este año se recibirán estudios y evaluaciones que permitirán conocer el cumplimiento de las normas de calidad, así como las condiciones en que se desarrolla el transporte público en la entidad. A partir de esos resultados, las autoridades podrán determinar si es necesario otorgar nuevas concesiones para mejorar la cobertura y garantizar una atención adecuada a los pasajeros. La funcionaria sostuvo que la capacidad económica de quienes prestan el servicio es un aspecto fundamental para asegurar que puedan cumplir con sus responsabilidades y mantener condiciones apropiadas de movilidad.
Finalmente, la titular de la SCT reiteró que los permisionarios deben asumir las obligaciones que establece la legislación estatal en materia de transporte público, particularmente en lo relacionado con la solvencia económica, la renovación de unidades y la calidad del servicio. La dependencia continuará revisando el desempeño de los operadores y los resultados de los estudios correspondientes para definir las medidas que podrían implementarse en el sector. Mientras tanto, la postura del Gobierno estatal es que no se puede establecer un esquema de subsidios sin conocer previamente la situación financiera de los solicitantes y comprobar las necesidades que argumentan. El objetivo planteado por las autoridades es mantener alternativas de movilidad para la población y garantizar que el servicio público de transporte responda a las condiciones y exigencias de los usuarios potosinos.
