By En el marco de una serie de comparecencias legislativas e informes de inteligencia que han tensado la relación bilateral en materia de seguridad, el director de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, emitió declaraciones determinantes respecto a las persistentes acusaciones y sospechas sobre presuntos pactos de protección entre funcionarios del gobierno mexicano y las cúpulas de los principales carteles de la droga. El jefe de la agencia antinarcóticos estadounidense abordó de manera directa la compleja situación operativa en la frontera sur, enfatizando que la penetración de las organizaciones criminales transnacionales en las estructuras institucionales de diversas entidades mexicanas continúa representando el obstáculo más severo para lograr la pacificación de la región y para frenar de manera definitiva el flujo masivo de fentanilo y otras sustancias sintéticas que causan estragos en el territorio estadounidense.
Durante sus intervenciones públicas ante comités del Senado de su país, Cole señaló que las investigaciones de la agencia a su cargo han recopilado testimonios, registros financieros y datos de campo que apuntan a que los carteles más preponderantes de México, específicamente el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), operan bajo un esquema de impunidad que en diversas ocasiones parece facilitado por omisiones o colusiones explícitas a nivel estatal y municipal, así como en áreas clave de la administración pública. Sin embargo, el director de la DEA matizó la gravedad de estos hallazgos al subrayar que la postura institucional de la agencia no consiste en señalar un pacto generalizado o coordinado de manera oficial desde la cúspide de la presidencia de la República, sino en denunciar la existencia de una extendida red de corrupción sistémica que coopta a mandos policiales, jueces y funcionarios locales, permitiendo que los laboratorios clandestinos y las rutas de exportación sigan operando sin una resistencia militar o civil verdaderamente efectiva.
Por su parte, la respuesta de los representantes del gobierno de México ante los señalamientos del director de la agencia de seguridad estadounidense ha sido de un categórico rechazo, calificando las acusaciones de intervencionistas, carentes de pruebas jurídicas sólidas y con claros tintes electorales y políticos diseñados para golpear la soberanía del país. La diplomacia mexicana ha argumentado reiteradamente que las agencias extranjeras suelen utilizar filtraciones y testimonios de testigos protegidos vinculados al propio crimen organizado para construir narrativas de conspiración que no corresponden a la realidad de la estrategia nacional, la cual prioriza atender las causas sociales de la violencia. Ante esto, Terry Cole hizo un llamado a restablecer de manera plena la cooperación bilateral en materia de intercambio de inteligencia y a facilitar de nuevo las operaciones y visas para los agentes especiales de la DEA en territorio nacional, argumentando que la única vía real para desmantelar estas complejas redes de lavado de dinero y tráfico de precursores químicos es la colaboración transparente, coordinada y con un estricto apego al combate a la corrupción sin importar las jerarquías políticas que se vean involucradas en el camino.
