By La propuesta del Gobierno federal para modificar los criterios de acceso a los estímulos fiscales relacionados con el pago de casetas ha generado atención entre las organizaciones del autotransporte, debido a sus posibles repercusiones en las empresas dedicadas al traslado de mercancías. El planteamiento contempla reducir de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos anuales para acceder al acreditamiento de peajes contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Ante este escenario, la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) ha puesto sobre la mesa la situación de los pequeños propietarios de unidades, quienes representan una parte importante de la actividad transportista y requieren condiciones que les permitan mantener sus operaciones.
La modificación propuesta está dirigida principalmente a establecer nuevos límites para las empresas que pueden utilizar este estímulo fiscal, el cual permite acreditar hasta el 50 por ciento del gasto realizado en casetas contra el ISR correspondiente. De acuerdo con la explicación presentada por las autoridades hacendarias, el objetivo consiste en ajustar el alcance del beneficio para concentrarlo en contribuyentes con ingresos anuales de hasta 250 millones de pesos. Este cambio no significa que desaparezca la posibilidad de deducir los pagos de peaje, sino que modifica las condiciones para acceder al acreditamiento adicional. La medida forma parte de los ajustes contemplados para el ejercicio fiscal 2027.
Uno de los argumentos centrales de las autoridades federales es que los transportistas que trabajan con una o pocas unidades no resultarían afectados por la modificación. Según las cifras presentadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, actualmente existen 2 mil 580 contribuyentes que reciben este estímulo, de los cuales aproximadamente 2 mil 410 conservarían el beneficio con las nuevas condiciones. Esto representa alrededor del 94 por ciento de quienes actualmente utilizan el esquema, mientras que 170 empresas dejarían de tener acceso al acreditamiento. Las autoridades sostienen que la medida busca reducir el costo fiscal del incentivo sin retirar el apoyo a la mayoría de los participantes del sector.
Para los pequeños transportistas, conocidos en el ámbito del autotransporte como trabajadores bajo el esquema de hombre-camión, el acceso a los beneficios fiscales representa una herramienta para enfrentar los gastos relacionados con sus actividades. El pago de casetas, combustible, mantenimiento, seguros y otros costos operativos influye directamente en la rentabilidad de cada recorrido. Por ello, cualquier modificación en las condiciones fiscales genera interés entre quienes dependen de una o dos unidades para obtener ingresos. La permanencia de los estímulos representa un elemento importante para mantener sus actividades, especialmente en un entorno donde los gastos de operación y las condiciones de seguridad carretera continúan siendo preocupaciones para los transportistas.
La discusión también se desarrolla en medio de las inquietudes expresadas por diferentes organizaciones empresariales del sector, que han solicitado revisar los criterios propuestos para el acreditamiento de peajes. Entre sus planteamientos se encuentra la necesidad de considerar las diferencias económicas entre las compañías de gran tamaño y aquellas que operan con estructuras más reducidas. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), por ejemplo, ha solicitado mantener el límite anterior de ingresos o establecer mecanismos proporcionales para evitar afectaciones a las empresas que superen el nuevo umbral. Estas posturas muestran que, aunque existe coincidencia en la importancia de apoyar al autotransporte, todavía hay diferencias sobre la manera en que deben aplicarse los estímulos fiscales.
El tema continuará siendo relevante para las organizaciones de transportistas, debido a que las decisiones fiscales tienen consecuencias en la planeación financiera y en la capacidad operativa de las empresas. Mientras el Gobierno federal sostiene que los pequeños propietarios de camiones conservarán los beneficios, las agrupaciones del sector mantienen la atención sobre los alcances de la reforma y sus posibles efectos en las distintas modalidades de transporte. La discusión deberá considerar tanto la necesidad de mantener incentivos para los pequeños operadores como el impacto que los cambios pueden tener en las empresas de mayor tamaño. El objetivo será encontrar condiciones fiscales que permitan sostener la actividad transportista, preservar las fuentes de empleo y mantener el traslado de mercancías en el país.
