By La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) mantiene 32 laudos laborales vigentes derivados de procedimientos iniciados desde 2021, una situación que representa obligaciones económicas pendientes para la dependencia en San Luis Potosí. Los expedientes corresponden a conflictos laborales que continúan sin resolverse por completo y que requieren atención administrativa y presupuestal. La existencia de estos casos ha puesto nuevamente sobre la mesa la necesidad de dar seguimiento a las resoluciones emitidas por las autoridades laborales y establecer mecanismos para cumplir con los pagos correspondientes. Mientras tanto, la dependencia deberá revisar cada expediente para determinar las cantidades pendientes y las condiciones necesarias para atender sus compromisos.
Uno de los casos que ha generado atención pública corresponde a una docente de bachillerato que denunció el incumplimiento de una resolución laboral. El asunto llegó a instancias judiciales federales mediante un amparo y derivó en una multa de aproximadamente siete mil pesos contra la dependencia, además de darse vista al Ministerio Público por el posible delito de desobediencia. La controversia se relaciona con el cumplimiento de un laudo que ordena cubrir una cantidad económica a la trabajadora. La situación evidencia las consecuencias administrativas y legales que pueden presentarse cuando una resolución laboral no se cumple dentro de los términos establecidos.
Respecto a este expediente, se aclaró que el adeudo no asciende a tres millones de pesos, como se había difundido anteriormente, sino que sería inferior a medio millón de pesos. También se informó que el 15 de octubre se realizó un pago parcial a la docente y que la cantidad restante se cubrirá mediante parcialidades. Este esquema busca avanzar en el cumplimiento de la obligación económica, aunque será necesario dar seguimiento a los pagos pendientes hasta completar el monto establecido. El caso se mantiene como un ejemplo de los procedimientos que la Secretaría debe atender para regularizar sus compromisos con trabajadores que cuentan con resoluciones laborales a su favor.
Una de las dificultades para liquidar este adeudo es que está relacionado con un programa federal, cuyos recursos no pueden utilizarse para cubrir la obligación laboral mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE). Por esta razón, el pago deberá realizarse con recursos propios de la Secretaría, lo que implica identificar las partidas presupuestales disponibles para atender el compromiso. La distinción entre los fondos destinados al pago ordinario de nómina y los recursos que pueden emplearse para cumplir resoluciones laborales resulta fundamental para establecer una ruta de solución. La dependencia deberá organizar sus recursos conforme a las disposiciones aplicables y garantizar que los pagos se realicen de acuerdo con los compromisos establecidos.
Aunque el caso de la docente de bachillerato es el que ha tenido mayor visibilidad recientemente, los 32 laudos vigentes reflejan que existen otros expedientes que también requieren seguimiento. Hasta el momento, no se ha establecido públicamente una cifra global que permita conocer el monto total de las obligaciones económicas acumuladas ni un calendario completo para liquidarlas. Esta falta de información dificulta dimensionar el impacto financiero que representan los procedimientos para la Secretaría. La revisión individual de cada expediente permitirá identificar las cantidades involucradas, el estado procesal y las alternativas disponibles para avanzar hacia el cumplimiento de las resoluciones laborales pendientes.
La atención de estos asuntos será importante para reducir el rezago administrativo y dar certeza a los trabajadores que han recurrido a las instancias laborales para defender sus derechos. El cumplimiento de los laudos requiere coordinación entre las áreas jurídicas y financieras, así como una planeación que permita disponer de los recursos necesarios sin contravenir las reglas presupuestales. También será relevante mantener informados a los trabajadores sobre el avance de sus expedientes y los plazos previstos para cubrir las cantidades reconocidas legalmente. Mientras continúan las gestiones, los 32 laudos representan una obligación pendiente para la SEGE, cuya resolución dependerá de la capacidad institucional para atender cada caso y cumplir con las determinaciones correspondientes.
