By México vive otro episodio inédito tras la histórica elección de jueces por voto popular en junio pasado. A casi medio año de aquellos comicios, Adrián Guadalupe Aguirre Hernández, juez federal en materia penal en Jalisco, presentó su renuncia apenas dos meses después de haber asumido el cargo, convirtiéndose en el primer juzgador federal en abandonar definitivamente su puesto.
La dimisión de Aguirre fue recibida por la Mesa Directiva del Senado y enviada a la Comisión de Justicia, que deberá decidir si las razones expuestas son justificadas. De no ser aceptadas, la ley contempla sanciones civiles o administrativas para quien abandone su cargo sin autorización.
Aguirre había tomado posesión el 1 de septiembre como juez de distrito en el Centro de Justicia Penal de Puente Grande, conocido por haber albergado la prisión de máxima seguridad de la que escapó Joaquín “El Chapo” Guzmán. El abogado, propuesto por el Poder Ejecutivo federal, ganó la elección con más de 36,000 votos, superando por 6,000 a su rival más cercana, Amalia Irandery Ortiz, quien ahora asumiría el puesto según lo establece la reforma judicial.
Hasta el momento, el juez no ha explicado públicamente sus motivos y ha eliminado sus cuentas oficiales en redes sociales. En su campaña, afirmaba querer “impartir justicia para el pueblo y no para los privilegiados”, y prometía transparencia, rapidez en las resoluciones y atención abierta a la ciudadanía.
Este caso se suma a otros episodios que han puesto en entredicho la reforma judicial impulsada por el actual gobierno, que permitió por primera vez que los ciudadanos eligieran a jueces, magistrados y ministros. En meses recientes, otra jueza electa, Gabriela Pacheco Torres, intentó obtener una licencia temporal que el Senado rechazó.
Las renuncias y controversias han aumentado el escepticismo sobre el nuevo modelo judicial. Expertos señalan fallas desde los procesos de selección y las campañas electorales, donde se detectaron requisitos laxos, falta de evaluación real de los perfiles y vínculos políticos evidentes. A ello se suman críticas por la falta de preparación técnica que algunos de los nuevos juzgadores han mostrado en audiencias públicas.
El futuro de esta reforma, que buscaba acercar la justicia al pueblo, ahora enfrenta su primera gran prueba.
