By En el marco de los trabajos de la Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado, el diputado Rubén Guajardo Barrera promovió una proposición con Punto de Acuerdo orientada a exhortar a los diversos ayuntamientos a emprender las acciones conducentes, operativas y presupuestales, necesarias para la instauración e implementación formal de sus respectivos Sistemas de Justicia Cívica.
La propuesta legislativa destaca que el pasado 12 de junio de 2026 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis” el Decreto 0553, mediante el cual se expidió la Ley de Justicia Cívica del Estado y Municipios. Dicho marco normativo mandata a los gobiernos municipales a adoptar las previsiones requeridas para armonizar sus procedimientos, actualizar sus reglamentos e infraestructura, así como asignar el personal técnico y administrativo indispensable para la operación de los nuevos Juzgados Cívicos.
Durante la exposición de motivos, el congresista Guajardo Barrera precisó que el objetivo central de esta legislación radica en promover un acceso efectivo a la justicia cívica en todo el territorio. El modelo prioriza la concertación, la perspectiva comunitaria y la solución alternativa de controversias en el ámbito de las infracciones o faltas administrativas, evitando con ello la escalada de conflictos sociales hacia conductas constitutivas de delito.
Se enfatizó que la implementación de esta normativa no irrumpe ni invade la esfera competencial de la Justicia Penal, sino que consolida un canal institucional enfocado en la mediación y en la aplicación de mecanismos restaurativos que fortalecen la convivencia armónica de la ciudadanía.
Asimismo, dentro de la fundamentación del Punto de Acuerdo se reconoció el avance significativo que han registrado los municipios de San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles, demarcaciones que han iniciado formalmente con los procesos de adaptación de sus esquemas cívicos. En ese contexto, el legislador instó a los demás ayuntamientos a acelerar la integración de sus recursos y planeación institucional para dar cumplimiento estricto a las disposiciones legales vigentes.
Tras la presentación de la propuesta, la Mesa Directiva de la Diputación Permanente turnó el expediente a la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales para su correspondiente dictaminación y posterior trámite parlamentario.
