By Con el objetivo prioritario de garantizar el derecho humano a una vivienda digna, prevenir el desplazamiento injustificado de familias y promover un ordenamiento territorial equilibrado e incluyente, se presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto orientada a modificar y adecuar la legislación en materia de desarrollo urbano y vivienda, incorporando formalmente los conceptos de gentrificación y vivienda asequible.
La fundamentación de la propuesta legislativa argumenta que el crecimiento urbano acelerado y la especulación inmobiliaria han generado dinámicas de encarecimiento del suelo, expulsando a sectores de menores ingresos hacia la periferia y encareciendo el costo de vida en barrios tradicionales. En este sentido, la iniciativa sostiene que resulta indispensable contar con un marco jurídico que reconozca estas problemáticas para que los instrumentos de planeación municipal y estatal puedan prevenir la segregación socioespacial y proteger el arraigo comunitario.
Dentro de los ejes sustanciales contemplados en la iniciativa de reforma, destacan los siguientes aspectos:
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Reconocimiento Legal de la Gentrificación: Definición del concepto como el proceso de transformación urbana caracterizado por la reestructuración socioeconómica de una zona, que conlleva el incremento sostenido del costo de vida y el riesgo de desplazamiento de la población residente originaria.
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Fomento de la Vivienda Asequible: Establecimiento de la vivienda asequible como aquella cuyo costo total de adquisición, renta o mantenimiento no compromete la capacidad de las familias para satisfacer otras necesidades básicas (salud, alimentación, educación), garantizando su disponibilidad en zonas consolidadas con servicios urbanos.
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Instrumentos de Planeación Urbana: Inclusión de criterios de contención socioespacial y mitigación de impactos en los Planes de Desarrollo Urbano Municipales, incentivando la creación de oferta habitacional de interés social en sectores bien equipados.
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Protección del Arraigo Comunitario: Promoción de incentivos para el rescate y rehabilitación de fincas en zonas céntricas o tradicionales sin que esto signifique la expulsión involuntaria de sus habitantes ni la pérdida de la identidad vecinal.
Asimismo, la iniciativa subraya la importancia de coordinar esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno y los desarrolladores inmobiliarios para equilibrar el desarrollo económico con la responsabilidad social, asegurando que la modernización de la infraestructura beneficie a toda la ciudadanía en condiciones de equidad.
El expediente contentivo de esta iniciativa con proyecto de decreto fue turnado por la Mesa Directiva a las comisiones dictaminadoras de Desarrollo Territorial Sustentable, así como de Vivienda, para su oportuno estudio, análisis técnico y posterior elaboración del dictamen que será sometido a la consideración y votación del Pleno del Congreso del Estado.
