By Con el objetivo prioritario de desalentar la exaltación de la violencia, proteger la paz social y prevenir la normalización de conductas ilícitas que atentan contra la tranquilidad comunitaria, se presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto orientada a reformar y adecuar el Código Penal, incorporando agravantes específicas respecto al delito de apología del delito o de la violencia.
La fundamentación de la propuesta legislativa argumenta que la apología del delito menoscaba el tejido social al enaltecer criminales, promover estilos de vida ligados al crimen organizado y legitimar actos delictivos ante la opinión pública, afectando de manera severa el entorno de desarrollo de niñas, niños y jóvenes. La iniciativa expone que, si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental protegido, esta no debe transgredir la seguridad pública ni incitar directa o indirectamente a la comisión de ilícitos penalmente sancionados.
Dentro de las adiciones y modificaciones normativas planteadas en la propuesta de reforma penal, destacan los siguientes aspectos centrales:
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Sanciones y Agravantes: Incremento de las penas de prisión y multas económicas cuando la apología o incitación a la violencia se realice mediante el uso de redes sociales, medios de comunicación masiva o en eventos públicos masivos de fácil acceso a menores de edad.
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Incentivo de Violencia Organizada: Establecimiento de supuestos agravados cuando el enaltecimiento de la conducta criminal esté vinculado a grupos de la delincuencia organizada, financiamiento ilícito o actividades de narcotráfico.
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Salvaguarda de la Libertad de Expresión: Delimitación técnica de la conducta punible para asegurar que la tipificación no afecte el ejercicio periodístico, la investigación académica, la producción artística o la crítica política legítima.
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Prevención Social: Mandato a las autoridades de seguridad y educación para fortalecer programas comunitarios que promuevan la cultura de la legalidad y el rechazo a la glorificación del delito.
Asimismo, la iniciativa enfatiza que esta reforma fortalece las herramientas con las que cuentan las instancias de procuración e impartición de justicia para combatir las expresiones que desestabilizan el orden público y vulneran la convivencia pacífica de la sociedad.
El expediente relativo a esta iniciativa con proyecto de decreto fue turnado por la Mesa Directiva a la comisión dictaminadora de Justicia para su correspondiente estudio, análisis técnico y posterior elaboración del dictamen que, en su oportunidad, será sometido a la consideración y votación del Pleno del Congreso del Estado.
