By La Secretaría de Educación Pública (SEP) oficializó la decisión de decretar el cierre definitivo de todas las instituciones de educación básica y media superior bajo el modelo militarizado en el territorio nacional. La medida fue anunciada por las autoridades educativas federales como parte de un proceso de reestructuración pedagógica que busca homogeneizar los planes de estudio del sistema educativo público, reorientando el modelo de formación juvenil hacia un enfoque estrictamente civil, participativo, con perspectiva de derechos humanos y centrado en la integración comunitaria.
El dictamen gubernamental implica la cancelación de las inscripciones, la clausura de los planteles dedicados exclusivamente a la instrucción bajo disciplina militar y la paulatina transición de su infraestructura hacia el subsistema de educación pública ordinario. De acuerdo con los lineamientos emitidos por la dependencia, la determinación responde a revisiones técnicas e institucionales donde se concluyó que los métodos de disciplina estricta y la formación con componentes de corte castrense en etapas tempranas del desarrollo no se alinean con los objetivos centrales del nuevo marco curricular nacional, el cual prioriza el pensamiento crítico, la cultura de paz y la inclusión socioeducativa.
Ante el impacto operativo que esta decisión genera en la comunidad escolar, la SEP diseñó un plan de contingencia e integración para garantizar que las y los estudiantes inscritos en dichos colegios no pierdan su año escolar ni vean interrumpido su historial académico. Las autoridades educativas estatales coordinarán la reubicación del alumnado en escuelas secundarias y preparatorias públicas cercanas a sus domicilios, asegurando la revalidación automática de sus materias y el otorgamiento de becas de apoyo para evitar la deserción durante el periodo de adaptación al modelo civil.
Por su parte, el personal docente y administrativo de los planteles militares será sometido a un proceso de evaluación y reasignación dentro de la estructura general de la secretaría o, en su caso, dentro de las dependencias de origen en el sector defensa conforme a los convenios laborales vigentes. La resolución ha generado diversas opiniones entre sectores de la sociedad, organizaciones civiles y padres de familia, mientras la autoridad educativa federal reiteró que las puertas del diálogo permanecen abiertas para resolver las dudas logísticas y dar seguimiento puntual al proceso de reubicación de cada estudiante.
