By El Congreso del Estado de San Luis Potosí ha precisado el marco normativo y los requisitos indispensables que deberán cumplir las y los profesionales del derecho interesados en postularse para asumir la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE). De acuerdo con la información institucional recopilada por la plataforma informativa Pulso San Luis, el procedimiento de selección legislativo busca garantizar que la conducción del organismo autónomo encargado de la investigación de los delitos y la procuración de justicia en la entidad recaiga en un perfil de probada solvencia moral, alta capacidad técnica, independencia de criterio y una trayectoria impecable dentro del ejercicio del derecho y el sistema de justicia penal acusatorio.
Dentro del catálogo de exigencias estipuladas por la legislación local y la Carta Magna estatal para aspirar al encargo, destaca la obligatoriedad de poseer la ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos políticos y civiles, haber cumplido una edad mínima al momento de la designación y contar con título y cédula profesional de Licenciatura en Derecho debidamente expedidos por autoridad competente, con una antigüedad mínima de ejercicio profesional. Asimismo, las bases normativas establecen que los aspirantes no deberán haber sido condenados por delito doloso que amerite pena corporal ni encontrarse inhabilitados para el desempeño del servicio público, garantizando así un expediente limpio y sin señalamientos de corrupción o faltas administrativas en cargos previos.
Con el firme propósito de preservar la autonomía de la Fiscalía General del Estado y evitar conflictos de interés en el desempeño de la función persecutoria, el marco legal impone restricciones severas en materia de filiación e imparcialidad política para los contendientes a la titularidad. En este sentido, los postulantes no deberán haber desempeñado cargos de elección popular, dirimido dirigencias partidistas ni ocupado titularidades en secretarías del Ejecutivo Federal o Estatal durante los plazos de veda previa fijados por la ley antes de la emisión de la convocatoria, salvaguardando de esta manera la neutralidad institucional en la conducción de las carpetas de investigación y los procesos judiciales en el territorio potosino.
El proceso de renovación de la titularidad del órgano autónomo contempla la recepción de los expedientes documentales ante las comisiones dictaminadoras del Congreso del Estado, las cuales se encargarán de verificar minuciosamente el cumplimiento estricto de cada uno de los requisitos legales antes de proceder a la fase de entrevistas públicas y comparecencias presenciales. Durante dichas audiencias, las y los integrantes de la terna o nómina de aspirantes deberán exponer ante la soberanía popular sus planes de trabajo, sus estrategias de reestructuración administrativa, el fortalecimiento de la atención a las víctimas del delito y sus propuestas para elevar las tasas de resolución efectiva de expedientes en las distintas fiscalías especializadas de la entidad.
Finalmente, la elección del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí requerirá de la votación calificada de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, reafirmando el compromiso del Poder Legislativo con la transparencia, la rendición de cuentas y la legalidad. Con la delimitación puntual de estos requisitos de ley, las instituciones potosinas sientan las bases para consolidar una procuración de justicia eficiente, técnica y cercana a la ciudadanía, capaz de responder con contundencia a los retos en materia de seguridad, combate a la impunidad y protección integral de los derechos humanos en todo el estado.
