By Reformas sustanciales al Código Penal del estado aprobaron los legisladores locales, según informaron de manera oficial las autoridades del Congreso, buscando que el delito de abandono de personas sea perseguido de oficio por las fiscalías sin necesidad de una querella previa de parte agraviada en San Luis Potosí.
Modificaciones jurídicas al marco normativo vigente ejecutan las comisiones legislativas competentes, detallando en su dictamen que la medida busca proteger de manera prioritaria a sectores vulnerables como adultos mayores, menores de edad e incapaces. Puntualizando que la persecución de oficio obliga al Ministerio Público a actuar de manera inmediata ante cualquier reporte, eliminando las barreras legales que antes frenaban la procuración de justicia por temores o presiones familiares. Generando un instrumento legal más eficaz para combatir la omisión de cuidados en los hogares del territorio potosino. Consolidando un avance jurídico de gran calado para la protección de los derechos humanos en la entidad.
La procuración de justicia expedita y la protección integral de las personas en situación de vulnerabilidad constituyen ejes rectores fundamentales, enfatizaron firmemente los diputados locales al señalar que el Estado no puede permanecer indiferente ante el abandono. Ante la incidencia de casos reportados en las cuatro regiones del territorio potosino, reafirmando el compromiso institucional de dotar a las fiscalías de herramientas jurídicas firmes. Mediante la homologación de los tipos penales y la capacitación del personal ministerial en perspectiva de género y derechos humanos, que operan bajo los protocolos del nuevo sistema de justicia en el estado. Garantizando de esta forma que ningún caso de desatención familiar quede en la impunidad.
Un impacto muy favorable en la reducción de la impunidad y la salvaguarda de grupos desprotegidos pronosticaron diversos colegios de abogados y organizaciones sociales, calificando de manera puntual como un acierto legislativo la reforma. Señalando sin titubeos que perseguir el delito de oficio inhibe la comisión de estas conductas reprochables, de quienes dependen la integridad física y emocional de los sectores más frágiles de la sociedad. Limitando los abusos derivados de la coacción familiar que impedían denunciar formalmente. Reclamando una difusión amplia de esta modificación legal en todas las comunidades del estado potosino.
Su total respaldo a la aplicación estricta de esta nueva disposición jurídica manifestaron diversas asociaciones civiles defensoras de los derechos humanos, recalcando que la ley debe ser firme frente al abandono de personas. O situaciones de desprotección extrema que pongan en riesgo la vida de los potosinos vulnerables, fomentando una cultura sólida de legalidad y responsabilidad civil en la comunidad. Mediante el uso de los canales de denuncia institucional y el acompañamiento a las víctimas, que requieren la intervención coordinada de las dependencias asistenciales y de justicia. Consolidando un marco normativo más sensible y protector en San Luis Potosí.
Campañas de difusión institucional y mesas de capacitación para ministerios públicos mantendrán ocupadas a las autoridades de procuración de justicia durante las próximas semanas, operando bajo un esquema de actuación inmediata que busca garantizar la protección efectiva de las víctimas en todo el estado.
