By La organización internacional defensora de los derechos humanos y la gobernanza en el deporte, FairSquare, presentó un requerimiento formal ante el Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento de la FIFA para solicitar que el actual presidente del organismo, Gianni Infantino, sea declarado inelegible de cara a los próximos procesos electorales. La petición busca impedir que el dirigente italosuizo contienda por un nuevo periodo al frente del balompié mundial, argumentando que una nueva postulación vulneraría de forma directa los estatutos de integridad institucionales que prohíben estrictamente a cualquier directivo ejercer el cargo por más de tres mandatos consecutivos.
El eje central de la impugnación radica en la controversia jurídica generada en diciembre de 2022 durante el Consejo de la FIFA en Doha. En aquella sesión, el órgano directivo acordó que el primer periodo de Infantino (2016-2019) —asumido tras la dimisión de Joseph Blatter en medio de escándalos de corrupción— no debía contabilizarse como un mandato completo por haber durado menos de cuatro años. FairSquare sostiene que ni los estatutos ni el reglamento de gobernanza de la institución contemplan exenciones por periodos incompletos, por lo que pretender un mandato adicional equivaldría a un cuarto periodo en el poder, contraviniendo la reforma anticorrupción aprobada tras el caso FIFAGate.
Asimismo, la solicitud de inhabilitación se enmarca en un clima de creciente descontento por parte de diversas federaciones nacionales de fútbol, algunas de las cuales han comenzado a retirar su respaldo público a la gestión de Infantino. Entre los cuestionamientos más severos contra la actual administración destacan los intentos de abrir competencias oficiales a fondos de inversión privados, la opacidad en la asignación de sedes para los torneos continentales y la toma de decisiones unilaterales que erosionan los contrapesos democráticos al interior del organismo rector del deporte de alto rendimiento.
Por su parte, el equipo legal del mandatario de la FIFA defiende la plena validez de la resolución adoptada en 2022 por el Consejo, afirmando que no existe ningún impedimento legal ni normativo para respaldar su elegibilidad. Pese a que la FIFA no ha emitido un pronunciamiento oficial actualizado sobre la solicitud de veto, la controversia ha reactivado la discusión global sobre la concentración del poder ejecutivo en el fútbol y la efectividad de las comisiones de ética encargadas de vigilar la transparencia institucional.
La resolución de esta impugnación resulta determinante para definir el futuro de la gobernanza futbolística internacional de cara a los compromisos del calendario global. Observadores de la industria deportiva coinciden en que el dictamen que emita el Comité de Gobernanza sentará un precedente definitivo sobre el cumplimiento de los límites de mandato, poniendo a prueba la firmeza de las reformas estatutarias ante las presiones políticas de las cúpulas directivas del deporte mundial.
Finalmente, el caso se mantiene bajo minucioso seguimiento por parte de federaciones, patrocinadores y organismos independientes de integridad, en espera de una determinación oficial sobre la candidatura de Infantino. Con la presentación de este recurso formal, la sociedad civil busca garantizar comicios equitativos y transparentes que restituyan la credibilidad institucional en la dirección del balompié internacional, asegurando que las reglas de elegibilidad se apliquen sin distinciones ni interpretaciones discrecionales a favor de los dirigentes en turno.
