By En el Congreso del Estado de San Luis Potosí se promovió una iniciativa de reforma legislativa orientada a garantizar el otorgamiento de permisos laborales con goce de sueldo a las trabajadoras al servicio del Estado y de los municipios que sean víctimas de violencia de género. La propuesta busca modificar la normatividad laboral burocrática local para asegurar que las servidoras públicas que enfrenten situaciones de riesgo puedan ausentarse legalmente de sus centros de trabajo sin poner en riesgo su estabilidad económica ni su permanencia en el empleo.
El proyecto de ley plantea que dichos permisos laborales se concedan de manera inmediata previa acreditación de las denuncias o medidas de protección emitidas por las autoridades competentes en la materia. Con esta disposición se pretende otorgar las facilidades necesarias para que las afectadas acudan a diligencias judiciales, reciban atención médica o psicológica especializada y realicen los trámites legales correspondientes sin la preocupación de sufrir descuentos salariales o sanciones administrativas en sus respectivas dependencias gubernamentales.
Dentro de los fundamentos de la iniciativa se destaca que el Estado tiene la obligación constitucional de brindar esquemas de protección integral a las mujeres, evitando su revictimización en el ámbito institucional. Los promoventes señalaron que la falta de flexibilidad laboral constituye un obstáculo crítico que a menudo impide a las víctimas darle seguimiento a sus denuncias o acudir a refugios temporales, por lo que la reforma laboral burocrática resulta indispensable para salvaguardar su integridad física y la de sus familias.
Por su parte, especialistas en derecho laboral y activistas defensoras de los derechos de las mujeres valoraron positivamente la presentación del proyecto, enfatizando que la medida representa un avance sustancial en la perspectiva de género dentro del sector público. Las expertas precisaron que la concesión de estas licencias laborales debe ir acompañada de protocolos estrictos de confidencialidad y máxima celeridad en las áreas de recursos humanos, garantizando que el proceso de solicitud sea ágil y totalmente libre de estigmatizaciones.
Representantes de organizaciones civiles e integrantes del sector sindical indicaron que la aprobación de este marco normativo sentará un precedente relevante que podría replicarse en el sector privado para beneficiar a un mayor número de trabajadoras potosinas. Diversos voceros recalcaron que la seguridad de las mujeres debe ser una prioridad transversal en la agenda pública, exigiendo que las dependencias gubernamentales se doten de las herramientas operativas para dar cumplimiento cabal a estas disposiciones una vez aprobadas.
Finalmente, la propuesta fue turnada a las comisiones dictaminadoras de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado para su posterior análisis técnico, discusión y eventual dictaminación antes de ser turnada al Pleno parlamentario. La representación legislativa ratificó su compromiso de dar puntual seguimiento a la iniciativa, reafirmando la voluntad institucional de seguir construyendo leyes que protejan el bienestar, la dignidad y la tranquilidad de las trabajadoras en San Luis Potosí.
