By La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal de San Luis Potosí para ampliar y actualizar las circunstancias que pueden considerarse dentro del delito de feminicidio. El dictamen incorpora nuevos elementos relacionados con la desaparición y localización de las víctimas. Entre las modificaciones se contempla que una mujer haya sido reportada como desaparecida o haya sido objeto de búsqueda antes de que su cuerpo o restos sean localizados. La propuesta busca actualizar el marco legal estatal y precisar diferentes circunstancias relacionadas con este delito. La sanción actualmente establecida se mantiene en un rango de 40 a 60 años de prisión. También permanece una sanción económica de cuatro mil a seis mil días del valor de la Unidad de Medida y Actualización.
La reforma contempla además un incremento de hasta una tercera parte de la pena mínima y máxima cuando existan determinadas circunstancias durante la comisión del delito. Entre ellas se encuentra la participación de varios sujetos activos, así como aquellos casos relacionados con trata de personas o explotación sexual en perjuicio de la víctima. También se considera un aumento cuando el feminicidio sea cometido en presencia de personas con quienes la víctima mantenía algún vínculo. Estos vínculos pueden ser de parentesco, afectivos o de confianza. La propuesta incluye de manera específica los casos en los que la víctima sea una niña o adolescente. Con estas modificaciones se pretende que las circunstancias particulares de cada caso tengan un reflejo más preciso dentro de la legislación penal estatal.
Otro de los cambios plantea ampliar la descripción de los vínculos que pueden existir entre la víctima y el responsable del delito. Dentro de estas categorías se incluyen relaciones de parentesco, matrimonio, concubinato, noviazgo y cohabitación. También se consideran las sociedades de convivencia, relaciones de amistad y vínculos de subordinación o superioridad. La modificación busca desagregar las diferentes formas de relación para establecerlas de manera expresa dentro del Código Penal. De esta manera, la legislación contemplaría distintos tipos de vínculos que pueden estar presentes en los casos investigados como feminicidio. La propuesta también amplía los antecedentes de violencia que pueden ser considerados para determinar las circunstancias del delito. Estos cambios forman parte de la actualización planteada por la Comisión Primera de Justicia.
Las reformas también amplían los ámbitos en los que pueden identificarse antecedentes de violencia contra la víctima. Además de los espacios que ya contempla la legislación, se incorporan los ámbitos comunitario, institucional, político, digital, mediático y religioso. Otro elemento incluido es la posibilidad de considerar antecedentes de violencia que no hayan sido denunciados previamente. La propuesta contempla agresiones de cualquier tipo, intimidación, hostigamiento y lesiones, además de hechos relacionados con violencia política. Con ello se busca ampliar los elementos que pueden ser tomados en cuenta al analizar las circunstancias de un caso. La incorporación de estas categorías pretende que la legislación contemple distintas formas de violencia que pueden presentarse antes de la comisión del delito.
El dictamen también modifica los supuestos relacionados con la exposición del cuerpo de la víctima. La propuesta incorpora expresamente las modalidades de entierro u ocultamiento, además de mantener la referencia a la exposición en lugares públicos. También se contempla la posibilidad de que estas circunstancias ocurran en espacios privados. Otro elemento incluido en las reformas es el estado de indefensión o desprotección real de la víctima. Dentro de esta categoría se consideran situaciones como el embarazo, la edad, alguna discapacidad, la dependencia de cuidados o el consumo de sustancias. Estos elementos buscan precisar las condiciones que pueden colocar a una víctima en una situación de mayor vulnerabilidad. La modificación amplía así las circunstancias que podrían ser consideradas dentro de la legislación estatal.
Con la aprobación del dictamen en la Comisión Primera de Justicia, el proceso legislativo continuará con su presentación ante el pleno del Congreso del Estado. Será en esa instancia donde las diputadas y diputados deberán votar la propuesta de reformas al Código Penal. Mientras tanto, el dictamen establece modificaciones en diferentes apartados relacionados con la definición y circunstancias del feminicidio. La pena general de 40 a 60 años de prisión y la sanción económica prevista permanecen sin cambios, aunque determinadas circunstancias podrían incrementar la penalidad hasta en una tercera parte. La propuesta incorpora además nuevos vínculos, antecedentes de violencia y condiciones de vulnerabilidad. El siguiente paso será la discusión y votación del dictamen ante el pleno legislativo de San Luis Potosí.
