By En el Congreso del Estado de San Luis Potosí se aprobó una modificación a la Ley de Educación de la entidad, impulsada por la iniciativa del diputado Luis Fernando Gámez Macías, orientada a establecer la obligación de denunciar cualquier acto de violencia cometido en perjuicio de estudiantes en planteles escolares. La resolución busca erradicar la omisión institucional en escuelas públicas y privadas, asegurando que el personal directivo y docente notifique de forma inmediata a las autoridades competentes ante conductas punibles que atenten contra la integridad de la comunidad estudiantil.
El dictamen aprobado establece la creación de canales directos de reporte y protocolos institucionales de actuación oportuna para dar seguimiento a los casos de maltrato, acoso escolar y abusos dentro de los centros educativos. Las y los legisladores señalaron que la reforma busca eliminar la impunidad y la negligencia administrativa, fijando responsabilidades claras para quienes encubran o ignoren agresiones hacia las y los alumnos, garantizando que cada señalamiento se derive con celeridad hacia la Fiscalía General del Estado y las procuradurías de protección a la niñez.
Dentro de las directrices normativas de la modificación legal presentada por el legislador se destaca que las autoridades educativas deberán garantizar la confidencialidad, la protección integral y el resguardo de la identidad de las víctimas y de las personas promoventes de las denuncias. Las comisiones dictaminadoras enfatizaron que el entorno escolar debe consolidarse como un espacio seguro y protegido, por lo que el cumplimiento de esta obligación legal resultará vinculante para todas las instituciones académicas de nivel básico, medio superior y superior operantes en el territorio potosino.
Por su parte, especialistas en derecho infantil, pedagogos y organismos defensores de los derechos humanos valoraron de forma positiva el aval parlamentario a esta propuesta, señalando que la denuncia oportuna representa la vía principal para frenar ciclos de violencia en el ámbito escolar. Los analistas puntualizaron que la aplicación de la ley requerirá de capacitaciones permanentes dirigidas al magisterio, brindándoles herramientas jurídicas para identificar los indicadores de riesgo en el alumnado y proceder con estricto apego al debido proceso y al interés superior de la niñez.
En este mismo contexto, representaciones de las asociaciones de padres de familia y comités tutelares de diversas regiones del estado manifestaron su respaldo al nuevo marco legal, exigiendo que las dependencias gubernamentales vigilen el cumplimiento riguroso de las denuncias en las escuelas públicas y privadas. Voceros comunitarios enfatizaron que la prevención de agresiones en las aulas exige un compromiso ético compartido, exhortando a las autoridades educativas a dar seguimiento a cada caso turnado para asegurar que los agresores sean sancionados y las víctimas reciban atención integral.
Finalmente, tras la aprobación formal en el Pleno parlamentario de la LXIV Legislatura, el decreto legislativo se remitirá al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y su posterior entrada en vigor. El Congreso del Estado ratificó la determinación de dar seguimiento a la instrumentación de las normativas de protección a la infancia y juventud, reafirmando la voluntad de seguir construyendo leyes que salvaguarden la dignidad, la seguridad y el derecho a una educación libre de violencia en todo San Luis Potosí.
