By El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) aprobó una nueva distribución del financiamiento público destinado a los partidos políticos de San Luis Potosí para el cierre de 2026, luego de que el Tribunal Electoral del Estado emitiera resoluciones que modificaron la asignación original de recursos. El acuerdo fue aprobado por unanimidad y contempla el reparto de aproximadamente 27.6 millones de pesos para actividades ordinarias durante noviembre y diciembre. La decisión responde a dos sentencias judiciales que determinaron que los partidos políticos nacionales de reciente creación deberán obtener al menos el tres por ciento de la votación válida en una elección local previa para acceder al financiamiento público estatal. Con esta disposición, los recursos que inicialmente se habían contemplado para nuevas fuerzas políticas fueron redistribuidos entre siete partidos que cumplen con los criterios establecidos. El ajuste modifica las condiciones financieras de las organizaciones políticas rumbo al proceso electoral de 2027.
La determinación del organismo electoral deriva de los expedientes TESLP/RR/06/2026 y TESLP/RR/07/2026, resueltos por el Tribunal Electoral los días 9 y 15 de octubre, respectivamente. Mediante estas resoluciones se revocaron acuerdos anteriores del CEEPAC relacionados con la asignación de recursos a los partidos políticos PAZ y Somos. El Tribunal consideró que las organizaciones nacionales de reciente registro no podían recibir financiamiento estatal sin acreditar previamente el respaldo electoral mínimo establecido en la legislación. En consecuencia, el organismo local tuvo que modificar la distribución presupuestal correspondiente a los últimos dos meses del año. La decisión no implica que estas fuerzas políticas pierdan automáticamente su derecho a participar en las próximas elecciones, sino que establece una diferencia entre contar con inscripción estatal y tener acceso a las prerrogativas económicas. De esta manera, PAZ y Somos podrán mantener su participación política, pero permanecerán sin financiamiento público estatal durante el periodo señalado.
Dentro de la nueva distribución, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) recibirá la mayor cantidad de recursos, con 7 millones 626 mil 857 pesos para noviembre y diciembre. En segundo lugar se encuentra Morena, al que le corresponderán 5 millones 611 mil 641 pesos, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) recibirá 4 millones 591 mil 884 pesos durante el mismo bimestre. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) contará con 3 millones 35 mil 969 pesos, seguido de Movimiento Ciudadano, con 2 millones 832 mil 18 pesos. Por su parte, Nueva Alianza San Luis Potosí tendrá una asignación de 2 millones 109 mil 705 pesos, mientras que el Partido del Trabajo (PT) recibirá un millón 827 mil 234 pesos. Estos montos corresponden al financiamiento ordinario de los dos últimos meses de 2026 y serán entregados conforme al calendario aprobado por la autoridad electoral. La distribución refleja las diferencias en los recursos asignados a cada organización política de acuerdo con los criterios legales aplicables.
Además del financiamiento para actividades ordinarias, el CEEPAC aprobó la distribución de 829 mil 59 pesos destinados a actividades específicas, relacionadas con capacitación, educación e investigación política. Esta cantidad también será repartida entre las siete fuerzas políticas que conservaron el derecho a recibir recursos estatales. A ello se suma una bolsa aproximada de 3.3 millones de pesos correspondiente a franquicias postales, que permitirá cubrir gastos relacionados con el envío de documentación y materiales partidistas. Ambos conceptos forman parte de las prerrogativas contempladas en la legislación electoral y deberán distribuirse conforme a las reglas establecidas para cada rubro. De manera adicional, Nueva Alianza San Luis Potosí conservará un apoyo de 113 mil 140 pesos mensuales durante el proceso electoral, debido a que es el único partido con registro exclusivamente local. Esta asignación responde a disposiciones particulares previstas para las organizaciones políticas estatales y se mantiene separada de la distribución ordinaria aprobada para el resto de los partidos.
Durante la sesión en la que se aprobó la redistribución también se presentaron posicionamientos de representantes partidistas sobre las consecuencias de las resoluciones judiciales. La consejera electoral Graciela Díaz Vázquez defendió el criterio que originalmente había aplicado el organismo para distribuir recursos a los partidos de reciente creación y explicó que la determinación inicial respondió a una interpretación de las disposiciones legales. Sin embargo, reconoció que las sentencias del Tribunal Electoral establecieron un criterio diferente que debía ser acatado por la autoridad administrativa. Por su parte, la representante de Somos, Alicia Nayeli Vázquez Martínez, manifestó su inconformidad con la exclusión del financiamiento y señaló que la organización mantiene una impugnación ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En contraste, el representante de Morena, Diego Cisneros, respaldó el cumplimiento de las resoluciones y solicitó que el organismo electoral actúe oportunamente para evitar nuevos retrasos en los procedimientos.
La redistribución de recursos representa un ajuste importante para las finanzas de los partidos políticos potosinos de cara a las elecciones de 2027, debido a que determina cuáles organizaciones contarán con recursos públicos para desarrollar sus actividades durante el cierre del presente año. Mientras las siete fuerzas políticas beneficiadas recibirán las ministraciones correspondientes, PAZ y Somos deberán continuar con sus actividades sin las asignaciones estatales contempladas originalmente. El caso también evidencia que la inscripción de un partido ante la autoridad electoral no garantiza automáticamente el acceso al financiamiento público, pues existen requisitos adicionales relacionados con el respaldo ciudadano en las urnas. Las organizaciones excluidas mantienen la posibilidad de recurrir a instancias jurisdiccionales para defender sus posiciones y buscar modificaciones al criterio aplicado. Por ahora, el CEEPAC deberá garantizar que el nuevo reparto se cumpla conforme a las sentencias y disposiciones vigentes, en un escenario político donde las condiciones financieras de los partidos comienzan a cobrar relevancia rumbo a la próxima contienda electoral.
