By El Poder Judicial de San Luis Potosí mantendrá los trabajos de preparación para implementar el sistema de juicios orales en materia civil y familiar, pese a que el plazo para poner en marcha este modelo fue aplazado hasta 2031. La decisión legislativa modificó los tiempos previstos para la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero no detendrá las acciones que ya se desarrollaban en la entidad. Entre las principales tareas se encuentran la capacitación del personal, la adecuación de instalaciones y la preparación de las condiciones necesarias para transformar la manera en que se resuelven estos asuntos. El cambio busca establecer procedimientos homologados en todo el país y avanzar hacia un modelo de justicia basado principalmente en audiencias orales. Las autoridades judiciales consideran que el tiempo adicional puede aprovecharse para fortalecer la preparación institucional.
Antes de conocerse el aplazamiento, el Poder Judicial estatal ya trabajaba en distintas acciones para avanzar hacia la implementación del nuevo sistema. Una de las iniciativas contemplaba desarrollar un programa piloto en el municipio de Matehuala, con la intención de comenzar a trabajar de manera gradual con el modelo de oralidad. Este proyecto permitiría identificar necesidades operativas y conocer los ajustes que deben realizarse para poner en práctica los nuevos procedimientos. La preparación incluye revisar la organización de los juzgados y establecer las condiciones necesarias para atender los asuntos civiles y familiares mediante audiencias. Aunque la modificación del calendario amplía el tiempo disponible, las actividades previstas continuarán para evitar que el proceso de transición quede detenido. La experiencia que se obtenga durante esta etapa podrá contribuir a definir los siguientes pasos para la aplicación del nuevo modelo.
Uno de los principales desafíos para la implementación será capacitar al personal que participa en la impartición de justicia, debido a que el cambio implica modificaciones importantes en la forma de tramitar y resolver los casos. La oralidad requiere que las audiencias tengan un papel central en los procedimientos, por lo que jueces, funcionarios y personal de apoyo deberán contar con conocimientos y herramientas para adaptarse a esta dinámica. También será necesario fortalecer la infraestructura de los tribunales, con espacios adecuados para realizar las audiencias y atender a las personas involucradas en los procesos. La transformación no depende únicamente de modificar las normas, sino de garantizar que las instituciones cuenten con las condiciones necesarias para aplicarlas. Por ello, la preparación deberá mantenerse de manera continua y considerar las necesidades de los distintos distritos judiciales de San Luis Potosí.
La reforma busca homologar los procedimientos civiles y familiares en el territorio nacional, de modo que exista un marco común para atender controversias relacionadas con asuntos patrimoniales, contratos, obligaciones y conflictos familiares. La implementación del sistema oral pretende dar mayor relevancia a las audiencias y facilitar que las partes expongan sus argumentos directamente ante la autoridad judicial. Sin embargo, la transición requiere ajustes administrativos, tecnológicos y operativos para que los procedimientos puedan desarrollarse de manera adecuada. En San Luis Potosí, las autoridades judiciales han señalado que la cantidad de asuntos atendidos en estas materias hace necesario planear cuidadosamente el cambio. La capacitación del personal y la disponibilidad de instalaciones serán factores importantes para avanzar hacia el nuevo esquema. El objetivo es preparar al sistema judicial para aplicar las nuevas disposiciones sin descuidar la atención de los casos que actualmente se encuentran en trámite.
El aplazamiento del plazo de implementación representa un cambio en el calendario, pero las autoridades judiciales consideran que no debe interpretarse como una razón para detener los preparativos. La ampliación del tiempo permitirá continuar con la planeación y revisar las necesidades que todavía deben atenderse antes de poner en funcionamiento el nuevo modelo. Entre los aspectos relevantes se encuentran la formación del personal, la adaptación de los espacios judiciales y la organización de los procedimientos. También será necesario mantener la coordinación entre las instancias responsables para que la transición se desarrolle conforme a las disposiciones legales. La preparación anticipada puede ayudar a identificar dificultades y buscar soluciones antes de que el sistema entre en operación. Por ello, el trabajo institucional continuará pese a la modificación de los tiempos establecidos.
Con el nuevo horizonte fijado para 2031, el Poder Judicial de San Luis Potosí mantendrá las acciones encaminadas a transformar los procedimientos civiles y familiares hacia un sistema de oralidad. El proceso representa un cambio importante para la impartición de justicia, pues requiere adaptar tanto la infraestructura como las capacidades del personal encargado de atender los asuntos. La continuidad de los trabajos permitirá aprovechar el tiempo adicional para fortalecer la planeación y avanzar en los proyectos que ya estaban en marcha. El programa piloto previsto en Matehuala forma parte de los esfuerzos para preparar la transición y evaluar las condiciones necesarias para su desarrollo. Aunque la implementación todavía requiere distintas etapas de preparación, las autoridades han señalado que las actividades continuarán. El propósito es que la entidad esté en condiciones de aplicar el nuevo modelo cuando corresponda, con procedimientos adecuados para atender las controversias civiles y familiares.
