By Una iniciativa legislativa busca fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, mediante la prohibición de mantenerlos privados de la libertad en estaciones migratorias y otros recintos de detención en San Luis Potosí. La propuesta plantea que las autoridades prioricen el bienestar de los menores y garanticen condiciones adecuadas durante la revisión de su situación migratoria. El proyecto pretende establecer medidas que permitan atender sus necesidades sin recurrir al encierro como respuesta administrativa. Con ello, se busca que la intervención institucional tenga como eje central el respeto a sus derechos fundamentales. La propuesta contempla también la creación de mecanismos de atención y alojamiento apropiados para quienes atraviesan el territorio potosino. El objetivo es que la condición migratoria no represente un obstáculo para recibir protección integral.
La iniciativa fue presentada por la diputada Sara Rocha Medina y propone modificar los artículos 81, 82 y 84 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado. Los cambios buscan adecuar las disposiciones locales a la legislación federal y establecer responsabilidades específicas para las instituciones encargadas de atender a la infancia. La propuesta considera a menores que viajan con sus familias, quienes se encuentran separados de sus acompañantes y aquellos que realizan el recorrido sin compañía adulta. También incluye a niñas, niños y adolescentes mexicanos, extranjeros y repatriados. De esta manera, se pretende ampliar el alcance de las medidas de protección, sin distinciones por nacionalidad o situación familiar. La reforma busca consolidar una respuesta institucional enfocada en la seguridad y el desarrollo integral de este sector.
Entre los principales planteamientos destaca la obligación de los sistemas estatal y municipales del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de habilitar espacios adecuados para recibir a menores migrantes. Estos lugares deberán permitir una atención acorde con su edad y sus necesidades particulares, mientras el Instituto Nacional de Migración determina su situación administrativa. La propuesta busca que los menores cuenten con condiciones apropiadas durante este proceso y que no sean alojados en instalaciones destinadas a la detención migratoria. Asimismo, se plantea que las instituciones responsables coordinen sus acciones para evitar que la atención dependa únicamente de los procedimientos migratorios. La finalidad es ofrecer protección durante el tiempo que resulte necesario para determinar las medidas correspondientes. El interés superior de la niñez deberá orientar las decisiones de las autoridades involucradas.
El planteamiento también responde a la importancia que tiene San Luis Potosí dentro de las rutas migratorias del país. La entidad funciona como lugar de origen, tránsito, destino y retorno para personas y familias que se desplazan por distintas razones. De acuerdo con estimaciones del Instituto de Migración y Enlace Internacional citadas en la exposición de motivos, más de 80 mil núcleos familiares migrantes transitan cada año por el estado. Esta dinámica representa un desafío para las instituciones encargadas de brindar asistencia, particularmente cuando se trata de personas menores de edad. Por ello, la iniciativa considera necesario fortalecer la capacidad de respuesta de los organismos públicos. La habilitación de espacios apropiados permitiría atender las necesidades de protección de la población infantil que llega o pasa por territorio potosino.
Los antecedentes incluidos en la propuesta también muestran la dimensión que puede alcanzar la movilidad infantil. Como referencia, se señala que durante 2017 las autoridades migratorias detectaron en México a 18 mil 300 niñas y niños extranjeros procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica, región integrada por Guatemala, Honduras y El Salvador. De ese total, 16 mil 162 fueron retornados a sus países de origen, según las cifras mencionadas en la exposición de motivos. Estos datos reflejan la relevancia de contar con procedimientos que consideren las circunstancias particulares de cada menor. La atención debe contemplar su seguridad, sus vínculos familiares y las necesidades de protección que puedan presentarse durante el proceso migratorio. Bajo esta perspectiva, las instituciones deberán valorar cada situación con criterios centrados en los derechos de la infancia.
La propuesta busca avanzar hacia un modelo de atención en el que la protección de niñas, niños y adolescentes tenga prioridad durante los procedimientos migratorios. Para ello, será fundamental que los sistemas DIF cuenten con espacios suficientes y condiciones adecuadas para responder a las necesidades de esta población. También será necesario fortalecer la coordinación entre las autoridades estatales, municipales y migratorias para evitar vacíos en la atención. La iniciativa plantea establecer obligaciones más claras y armonizar la legislación local con los principios de protección de la niñez. Su alcance dependerá del análisis legislativo y del eventual avance de las modificaciones propuestas. Mientras tanto, el tema coloca en el centro de la discusión la necesidad de garantizar un trato digno y medidas de protección para los menores, independientemente de su origen o condición migratoria.
