Concesionarios del transporte público de la zona metropolitana de San Luis Potosí solicitaron destinar más de 2 mil 797 millones de pesos del presupuesto estatal de 2027 a un programa para modernizar el servicio y renovar las unidades que circulan en la ciudad. La propuesta fue presentada ante el Congreso del Estado y contempla recursos para sustituir camiones, cubrir gastos de operación y atender pérdidas económicas acumuladas durante la pandemia. El planteamiento también incluye un margen de utilidad para los prestadores del servicio, bajo un esquema que deberá someterse a revisión financiera y legislativa. Los promotores argumentan que el sector enfrenta dificultades para mantener y renovar su flota ante el incremento de los costos operativos. La iniciativa todavía debe analizarse antes de que pueda determinarse si recibirá recursos públicos.
Del monto solicitado, alrededor de 2 mil 304 millones de pesos se destinarían a reemplazar 768 camiones, con un costo estimado de tres millones de pesos por unidad. La propuesta busca modernizar una parte importante de la flota del transporte urbano y sustituir vehículos que requieren renovación. Los concesionarios consideran que contar con unidades nuevas permitiría mejorar las condiciones en las que se presta el servicio y atender las necesidades de los usuarios. Sin embargo, la cantidad solicitada y el costo estimado deberán revisarse para determinar su viabilidad presupuestaria. La renovación también requiere considerar aspectos como el mantenimiento, el equipamiento, la seguridad y las condiciones de operación de los vehículos. Por ahora, la iniciativa establece una proyección financiera que tendrá que evaluarse dentro del proceso correspondiente.
Además de los recursos para adquirir camiones, los promoventes plantean destinar aproximadamente 45.9 millones de pesos a cubrir el déficit operativo, 173.4 millones a un margen de utilidad del 15 por ciento y 274.5 millones a amortizar pérdidas acumuladas durante la pandemia de COVID-19. Estas cantidades forman parte del cálculo global presentado ante el Poder Legislativo. Para justificar la solicitud, los concesionarios estimaron que cada unidad transporta un promedio de 308 pasajeros al día y genera ingresos aproximados de 3 mil 960 pesos diarios, frente a gastos operativos cercanos a 4 mil 124 pesos. Con base en esas cifras, calcularon una pérdida diaria de poco más de 163 pesos por camión. Se trata de estimaciones incluidas en la propuesta y no de resultados de una evaluación financiera independiente.
El proyecto también contempla medidas para mejorar diferentes aspectos del transporte público, como la capacitación de operadores, la incorporación de sistemas tecnológicos de prepago, la instalación de dispositivos de seguridad y la adaptación de unidades para facilitar el acceso a personas con discapacidad. Asimismo, plantea acciones de mantenimiento y fortalecimiento de rutas para atender las necesidades de movilidad de la población. Los concesionarios consideran que la modernización debe acompañarse de mejoras en la operación cotidiana y en las condiciones de atención a los pasajeros. La iniciativa propone establecer reglas de operación, mecanismos de supervisión y metas verificables para vigilar el uso de los recursos. Estos elementos deberán revisarse para determinar cómo se distribuirían los apoyos y cuáles serían las obligaciones de los beneficiarios.
La solicitud se presenta en un contexto de inconformidad por las condiciones del servicio y el costo que representa para los usuarios. En enero de 2026, la tarifa general del transporte urbano aumentó de 12.50 a 13.50 pesos, mientras que el pago mediante prepago pasó de 11.50 a 12.50 pesos y la tarifa preferencial subió de 5.50 a 6.75 pesos. Al mismo tiempo, se han señalado problemas relacionados con la antigüedad de algunas unidades, la frecuencia de las rutas y la disponibilidad de conductores. Los concesionarios sostienen que el encarecimiento del combustible, las refacciones y otros gastos dificulta la renovación de los vehículos. No obstante, la propuesta no establece una reducción concreta del pasaje a cambio de los recursos solicitados, por lo que ese aspecto permanece dentro de los puntos que deberán analizarse.
La iniciativa busca crear un programa de apoyo al transporte público del área metropolitana y contempla beneficiar a usuarios del sistema de prepago, entre ellos estudiantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. La propuesta plantea que los recursos sean administrados por las dependencias estatales correspondientes, bajo criterios de transparencia y comprobación del gasto. Sin embargo, la asignación de los más de 2 mil 797 millones de pesos no está aprobada y dependerá del análisis de las comisiones legislativas y de la disponibilidad presupuestaria para 2027. Durante la revisión será necesario valorar los beneficios previstos, los costos y las obligaciones que asumirían los concesionarios. El debate se centra en cómo financiar la renovación de los camiones y mejorar el servicio sin comprometer las finanzas públicas ni dejar de considerar la economía de los pasajeros.


